El martes 6 Martín Rodríguez, dirigente del Polo Obrero de la provincia de Mendoza, fue condenado en un juicio abreviado a 2 años y 8 meses de prisión en suspenso por la jueza Miriam Eliana Montaldi.

Martín estaba procesado en ocho causas por haber participado de movilizaciones populares, todas ellas por reclamos justos referidos al trabajo genuino, a la asistencia alimentaria y la vivienda para los sectores más empobrecidos de la provincia. Por los mismos motivos están imputados en varias causas Lorena Torres, del Polo Obrero, Victor da Vila, dirigente del Partido Obrero, y otros compañeros.

La persecución política contra Martín Rodríguez por parte del gobernador Alfredo Cornejo y su Justicia cobró ribetes escandalosos. Fue detenido en su domicilio luego de la movilización contra el tratamiento de la Ley Omnibus en el Congreso Nacional. Por los mismos motivos se encarceló, durante la desconcentración, a Victor da Vila, dirigente del Partido Obrero, quien fue liberado el sábado último. No solo estaba detenido ilegalmente, siendo que no existía ninguna condena en su contra, sino que estaba amenazado con que se le dicte la prisión preventiva en su contra hasta un juicio con fecha remota, en el cual podía recibir una condena de hasta 16 años de cárcel.

El gobierno y su Justicia adicta se valieron para esta persecución de la aberrante e inconstitucional figura de “reiterancia”, que ahora Milei y Bullrich quieren generalizar para todo el país. La reiterancia establece la posibilidad de encarcelar a un acusado por la simple reiteración de denuncias, sin condena ni juicio.

Con un juez y un fiscal convertidos en un pelotón de fusilamiento del régimen contra los luchadores populares, se montó una extorsión para arrancar una condena. Fue solo bajo estas condiciones que impusieron un juicio abreviado, que de todas maneras derivó en una pena sin prisión efectiva, aunque impone un condicionamiento enorme a la actividad de Martín como dirigente popular.

La persecución a Martín Rodríguez forma parte de una política general de criminalización de la protesta social. Denunciamos que el gobierno se vale del artículo 194 del Código Penal, que data del gobierno dictatorial de Onganía, para llevar adelante esa criminalización, aplicando la interpretación más reaccionaria sobre el tema a nivel nacional, mientras impulsa reformas de la mano de Patricia Bullrich para que las penas sean de prisión efectiva.

El Partido Obrero denuncia esta persecución y esta condena, defiende el derecho a la protesta, exige el cierre de todas las causas contra los luchadores populares, y llama al movimiento obrero y popular a un gran frente de lucha para conseguir estos objetivos.

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