La Justicia de Mendoza, bajo las órdenes del gobernador Alfredo Cornejo, lejos de “impartir justicia” intenta castigar y dañar a la militante del Partido Obrero y el Polo Obrero, Lorena Torres, forzando la realización de una audiencia judicial el próximo martes 26 –en el marco de una causa armada contra luchadores y activistas por movilizarse contra el ajuste- cuando ésta se encuentra a término de su embarazo.

La audiencia, prevista para resolver la elevación a juicio o no de Torres, Víctor da Vila, Jimena Báez y Ernesto Huertas, por participar en movilizaciones populares, es sostenida por la Justicia con el argumento de “problemas de agenda”, en lo que ostensiblemente representa una provocación más y un ataque a quienes se organizan y luchan contra el ajuste provincial y nacional en marchan.

La provincia de Mendoza viene haciendo escuela en la persecución de activistas, luchadores y militantes, con la aplicación de un Código Procesal Penal antojadizo que se vale de la figura de “reiteración” para que el Ejecutivo provincial pueda censurar y suprimir selectivamente las manifestaciones y acciones que no le resulten de su agrado.

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Se trata de un procedimiento ilegal, que busca aplicar el artículo 194 del Código Penal contra los manifestantes y que con la “reiterancia” actúan antojadizamente sin la existencia de condenas y sentencia firmes preexistentes. Una manipulación de la ley totalmente contraria a los antecedentes jurídicos de la Suprema Corte Provincial, que en 2021 estableció que no es aplicable a la persecución a la protesta social con el art. 194 “siempre y cuando existan vías alternativas”.

“Lorena Torres es dirigente del Polo Obrero y tiene 10 imputaciones por distintas movilizaciones. El 14 de marzo de 2023 fue apresada junto a Martín Rodríguez, en el marco de una jornada de lucha de la Unidad Piquetera. Ella y Martín, también militante del Polo Obrero, fueron liberados el 21 de marzo, luego de la audiencia de control jurisdiccional en el marco de una fuerte campaña y movilización nacional contra su detención”, señala un informe presentado ante la Cámara de Diputados sobre la situación de criminalización de la protesta social en la provincia de Mendoza.

La participación de Lorena en distintas movilizaciones se debe a que se ha destacado como una protagonista de la lucha por la urbanización de su barrio (Barrio Olivares), al oeste de la ciudad de Mendoza, convirtiéndose en una organizadora del Polo Obrero en toda la ciudad de Mendoza, en la lucha por el sostén de los comedores populares, y contra el desempleo, el ajuste y la miseria.

El encarnizamiento de la Justicia y el poder político contra las organizaciones piqueteras y políticas que enfrentan el ajuste es tal que aplican una política del terror y el amedrentamiento contra los trabajadores. El forzamiento de esta audiencia cuando existen sobrados recursos procedimentales para postergarla es una clara muestra del nivel de escarmiento que persiguen Cornejo, Suárez y el poder político contra los trabajadores.

“No solamente me persiguen, me atacan y me judicializan, por reclamar trabajo y alimentos para los comedores, sino que en este momento hay un ataque muy grande hacia la maternidad, hacia el derecho a maternar. Por esto es que llamo a las asambleas, a las organizaciones y al gran movimiento de mujeres a pronunciarse por este ataque”, señaló Lorena, quien además exige la suspensión de la audiencia del 26 y el fin de la persecución y el procesamiento de los luchadores populares.

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