El juez Gallardo ordenó suspender el sistema de reconocimiento facial de prófugos dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, haciendo lugar a una cautelar solicitada por una damnificada.

A partir de ello, salió a la luz que el gobierno porteño espió ilegalmente a casi 10.000.000 de personas, incluyendo a diversos funcionarios y dirigentes de un amplio espectro político: diputados y dirigentes del FIT-U como Néstor Pitrola, Chiquito Belliboni o Del Caño, pasando por Alberto Fernández y Cristina Kirchner, e incluso dirigentes de su coalición Vamos Juntos como Elisa Carrió, Gerardo Morales, Manes o López Murphy. En el listado aparecen también jueces, fiscales, periodistas, dirigentes sindicales y de organismos de derechos humanos.

El sistema de videovigilancia tenía el supuesto fin de dar con información de personas prófugas. Sin embargo, el gobierno de Larreta aprovechó para armar informes de todo el arco político que no esté bajo su órbita más próxima.  De fondo, tiene el propósito de armarse con información que le sirva para sostener su dominio sobre la Ciudad, proyectarse nacionalmente y, como complemento de eso, de acallar cualquier oposición popular y de judicializar toda lucha que exista contra el régimen.

No es casual que el ministro de Seguridad D’alessandro haya puesto a disposición de la Justicia Nacional las cámaras de la Ciudad para perseguir a los piqueteros que acamparon en la 9 de Julio.

 

Este sistema de vigilancia ha sido denunciado en tiempo y forma por el Partido Obrero. En el debate de candidatos a Jefe de Gobierno en el 2019, Gabriel Solano le respondió a Larreta cuando este pretendía mostrar la videovigilancia como un avance contra el delito. Allí sostuvo que “estamos en contra de las 10.000 nuevas cámaras que propone Larreta. Se van a cercenar los derechos democráticos. No queremos un Estado totalitario que controla la información de las personas. Mientras el gran delito es regenteado por la justicia y por las fuerzas de seguridad. Es una política clasista: apunta contra los pobres, los jóvenes, los migrantes”.

Es importante señalar que en 2020 se sancionaron modificaciones del sistema de videovigilancia en la Legislatura. Allí, a partir de un proyecto presentado por el Frente de Todos, se consolidó el sistema que hoy se denuncia. A pesar que el kirchnerismo terminó votando en contra, fue el proyecto elaborado por ellos el que pavimentó la discusión. Incluso en ese proyecto no se cuestiona al sistema de vigilancia como tal, sino que se proponían modificaciones para “contribuir a la utilización racional de recursos en la materia”.

En dicha sesión Solano denunció “un Gran Hermano PRO-K”: “Estamos en presencia de un reforzamiento de un Estado policial. Se están violando derechos individuales muy importantes. Defendemos la privacidad de las personas. La intimidad no es un delito. Si uno vive en una sociedad en donde la conspiración por parte del Estado es la norma, como no vamos a pensar que el sistema de vigilancia se va a aplicar para esa conspiración. Después no digan ‘yo no sabía’, porque están todos los elementos para saberlo. Hacemos responsable a los que voten a favor y hacemos responsables a los que hicieron el proyecto”.

 

El Frente de Izquierda ha presentado un pedido de interpelación al ministro de Seguridad D’alessandro. Reclamamos el inmediato desmantelamiento del aparato de espionaje del Gobierno de la Ciudad y una investigación independiente conformada por organismos de derechos humanos.