En el lapso de una semana fueron liberados Raúl Castells y tres de los nueve pre­sos de Caleta Olivia. Al mismo tiempo fue suspendido el juicio con­tra Hernán Gurián, convertido por la “Justicia” en un “agresor” de los oficiales de la Bonaerense compro­metidos con los crímenes del Puen­te Pueyrredón. Se trata de victo­rias políticas arrancadas por la mo­vilización popular.

Mientras tanto, un bloque de organizaciones y diputados presen­tó en el Congreso el proyecto de ley “por la extinción de la acción penal y de la pena”.

El texto del proyecto plantea la extinción de la acción penal y de la pena respecto de cualquier acción de lucha desde el l9 de febrero de 1991 a la fecha de sanción. Elimi­na, por lo tanto, el concepto de amnistía defendido por otras corrien­tes (IU y PCR) (ver PO N» 812).

Pero las corrientes que auspi­cian este texto están ausentes de la lucha por las libertades. La CTA, que suscribe este proyecto de ley, no se movilizó en la ciudad de Bue­nos Aires ni en el Chaco, ni en Ca­leta Olivia, ni en el Gran Buenos Aires. Otras organizaciones, caso del PS, no aportaron un solo mili­tante a las mismas citas de lucha (sobre IU sus propios militantes tienen el balance).

Así planteadas las cosas, la presentación del proyecto de ley es el envoltorio de una maniobra de propaganda electoral.

Como no parte del concepto de que sólo la acción directa arranca­rá a los presos de las cárceles plantea un plan de movilizaría nacional -tiene en discusión “una jornada” de apoyo a la iniciativa parlamentaria (aislada) para el 9 de noviembre-, ni llama a huelga (CTA).

El proyecto tampoco sirve para desenmascarar al resto de las bancadas comprometidas con la represión, porque nadie ignora el papel del PJ o loe partidos tradicionales en este punto. A los que hay que desenmascarar es a los pretendidos desenmascaradores.