Mientras se acerca la fecha en que presentaremos el recurso de apelación de la sentencia por el asesinato de Mariano Ferreyra, las graves heridas a Elsa, Nelson Aguirre y Ariel Pintos, el juez federal Claudio Bonadío ordenó el procesamiento y prisión preventiva del ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, en calidad de coautor del delito de "defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública". En la misma resolución, el juez también procesó a José Pedraza -quien actualmente purga una condena a 15 años de prisión por el crimen de Mariano Ferreyra- en su condición de director suplente y accionista mayoritario por la Unión Ferroviaria del Belgrano Cargas, a título de partícipe necesario de aquel fraude.

Asimismo, la resolución alcanza, entre otros, a Graciela Coria, esposa de Pedraza, presidente y directora del Belgrano Cargas al momento del hecho, y a Angel Stafforini, director y vicepresidente. Stafforini, contador de la UF, se encuentra procesado, además, por la causa que investiga el intento de soborno a los jueces de la Cámara de Casación Federal en enero de 2011, con el objetivo de mejorar la situación de Pedraza en aquella pesquisa. Además, Jaime, Pedraza, Coria y Stafforini fueron embargados por 3.000.000 de pesos.

El triángulo criminal, compuesto por empresarios, funcionarios y burócratas responsables por el crimen de nuestro compañero y que posteriormente se cobrara la vida de las víctimas de la masacre de Once, y más recientemente de Castelar, queda una vez más al descubierto. La causa por la que ahora fueron procesados Jaime y Pedraza data de 2009. Sin dudas, fue bajo el peso de la intensa movilización por el crimen de Mariano que se precipitó esta resolución.

La 'caja' del Belgrano Cargas

Jaime -quien por estas horas se encuentra todavía prófugo- está acusado de haberle ordenado a Soesa (la empresa administradora del Belgrano Cargas) un pago extra de más de 2.000.000 de pesos a una contratista, en el marco de la realización de una obra que implicaba tendido de vías entre Tucumán y Concepción. En su escrito, el juez Bonadío entiende que "...la velocidad con la que fue tratado el asunto, la calidad y seriedad de los informes técnicos producidos y la permisividad del órgano responsable, no dejan lugar a dudas de que la motivación primaria no era la obra en sí, sino que Belgrano Cargas accediera a los fondos."

"Todo ello -continúa el juez- permite traslucir una inequívoca voluntad del secretario de Transporte de convalidar arbitrariamente hechos y giros de dinero que ya se habían concretado, motivados en una licitación que duplicaba el monto inicial presupuestado y que no tenía respaldo legal por parte de la Administración...".

Según Bonadío, "los fondos girados desde el Estado a Belgrano Cargas fueron desapareciendo, no alcanzando su destino de pago a la empresa contratada para la obra" y apunta que el servicio de este ramal "se encontraba por debajo del punto de equilibrio; que el déficit operativo se iría agravando; que los resultados obtenidos hasta ese momento, eran indicativos de un gerenciamiento inapropiado", que en ese momento, reiteramos, se encontraba en manos de la UF y de la camarilla de Pedraza.

Al momento de ordenar la detención de Jaime, el juez señala expresamente sus vínculos con altos funcionarios del Estado, por haber formado parte del gobierno actual. De continuar en libertad -señala-, Jaime "podría entorpecer el accionar judicial y el descubrimiento de la verdad". Jaime está siendo investigado por haber sustraído documentación destinada a servir de prueba en otro proceso. Recordemos que el ex secretario de Transporte tiene más de veinte causas abiertas en su haber, en las que se incluye la sustracción de documentación e imputaciones por descarrilamiento, aceptación de dádivas y enriquecimiento ilícito, entre otros.

Nuevamente, el hilo conductor en el crimen de Mariano Ferreyra, la masacre de Once, el choque de Castelar y ahora el procesamiento de Jaime y Pedraza en el manejo del Belgrano Cargas es evidente: la asociación de los privatizadores, la burocracia sindical y el poder político a costa de los trabajadores y usuarios bajo el encubrimiento oficial. Los intereses sociales que motivaron todos estos crímenes siguen trabajando para su impunidad con el aval del kirchnerismo: para dejar a los responsables sin condena o con condenas menores y, en especial, para dejar a salvo las concesiones privadas y la tercerización.

Pese a todo esto, el gobierno nacional no ha roto su alianza con los vaciadores del sistema ferroviario, a quienes sigue otorgando lugares privilegiados en su operación. Son justamente aquellos empresarios que comparten la "defensa" de la tercerización -a cualquier costo- y le sobrefacturan las tareas al Estado, junto con los funcionarios de la Secretaría de Transporte y la burocracia sindical.

Perpetua a Pedraza y a todos sus cómplices. Fuera los vaciadores y la burocracia sindical del sistema ferroviario. Por su reestatización, bajo la gestión directa de los trabajadores.