Hace unos días trascendió la noticia de que el abusador y pedófilo Hector “Patilla” Kruber, quien fuera denunciado en 2017 y condenado dos años después, por el abuso sexual a varios menores del Club Deportivo McAllister de Santa Rosa, institución en la cual Kruber era entrenador, era trasladado a su hogar con prisión domiciliaria en el marco de la pandemia del Covid-19. Lo dispuso el juez Víctor Horacio Violini, quien además habilitó la excarcelación del condenado por abuso sexual Pedro Olmos, que hoy se encuentra viviendo a 50 cuadras de su víctima.

A estas excarcelaciones se suma la de Roberto Reinhart, represor pampeano durante la última dictadura, recientemente condenado por delitos de lesa humanidad en el juicio “Subzona 14 II”, quien, supuestamente por su “delicado estado de salud”, fue llevado a su hogar a comienzos de abril por disposición de la Cámara Federal de Casación Penal. Esta se trató de una decisión prematura y arbitraria, tomada sin consultar a las víctimas ni a la Fiscalía y que, además, obviaba un hecho importante: el propio informe del Servicio Penitenciario Federal remarcaba que Reinhart estaba alojado en un pabellón especial con cuatro plazas disponibles cuyas condiciones eran las óptimas para que el represor pudiera cumplir su condena en la cárcel sin que esto afectara de ninguna manera a su salud.

Estas liberaciones dan cuenta del verdadero carácter de la justicia burguesa: mientras deja en la calle a genocidas y abusadores, retiene a Flavia Saganias, madre y activista del movimiento de mujeres, aún presa por denunciar que su hija era víctima de los abusos de su ex pareja.

El gobierno, en su afán de congraciarse con las fuerzas represivas, fundamentales a la hora de reprimir las protestas sociales en el marco de la cuarentena, utiliza como excusa un problema que el Estado arrastra desde hace décadas: la miserable situación en que se encuentran las cárceles argentinas, las nulas condiciones de higiene de estas y la vida inhumana que llevan los internos en los penales.

La liberación de represores va de la mano con la orientación que ha tomado el gobierno nacional, conjuntamente con los gobiernos provinciales, y que los ha llevado a encubrir los múltiples de casos de abusos policiales que han ocurrido desde que comenzó la cuarentena, tal como sucedió en La Pampa.

Es necesario emprender la lucha para mantener las conquistas que el movimiento de derechos humanos y el movimiento de mujeres, organizado y en la calle, le ha arrancado a los gobiernos, para que los genocidas y abusadores vuelvan a la cárcel.