Días después de anunciada la cuarentena, el Ministerio de Salud de La Pampa, a cargo de Mario Kohan, dispuso a través de la Resolución Ministerial 875/20 “prohibir a los trabajadores de la salud divulgar cualquier tipo de información vinculada al coronavirus, como también acerca del funcionamiento interno de salud”. Diversos medios de prensa denuncian que el Ministerio de Salud ya no informa los casos sospechosos de Covid-19 que hay en la provincia. (Diario Textual, 3/4).

Cada día se ponen más en evidencia las importantes falencias del gobierno nacional y los gobiernos provinciales que, incapaces de brindar una respuesta real a las necesidades de las masas la persiguen y la reprimen, haciendo uso de sus jueces y policías. Así también sucede en La Pampa.

El sistema de salud pampeano se encuentra totalmente desprovisto para enfrentar la pandemia, y el principal hospital de la provincia solo dispone de 24 camas de terapia intensiva (Diario La Arena, 20/3), hay falta de insumos, personal y financiamiento, el gobierno provincial decidió censurar a los trabajadores de la salud y perseguir a aquellos que denuncien el verdadero estado de la sanidad pública pampeana.

Torturas y apremios en comisarias

A esta persecución sobre los trabajadores de la salud se suman las denuncias de los detenidos en la Seccional Segunda de Santa Rosa acerca de torturas y golpizas por partes de los efectivos policiales. Según el medio digital local Plan B, a un joven lo “golpearon con todo. Le pegaron en un oído y ahora no escucha nada. El pibe ingresó 2 horas por violar la cuarentena y lo reventaron a palos. A otro detenido lo agarraron a cintazos como si fueran esclavos. La guardia estaba zarpada de drogas. Lo que pasó acá pasaba en la época de los militares, no puede seguir pasando ahora”. Sumado a estos hechos de extrema gravedad, se suman torturas con picana, como la de un detenido al cual “le enchufaron un cable en el dedo y le daban” (Plan B, 6/4). En la ciudad de General Acha un joven detenido por violar la cuarentena hoy lucha por su vida. La familia y diversas organizaciones han denunciado que el joven fue víctima de una paliza policial. Según la versión policial fue el “caerse de la cucheta de la celda” lo que le genero graves traumatismos en la cabeza. El antecedente a estos hechos gravísimos se inició hace tres semanas cuando la policía baleó a un joven en un barrio muy humilde de General Pico que había salido a comprar pan.

Aquella aseveración que hizo el ministro de Seguridad, Horacio Di Napoli, donde afirmaba que “habiendo conocido otras policías, la nuestra es una policía sana” (Revista Bife, 16/2), se desenmascara como una mentira.

El aislamiento obligatorio, el desfinanciamiento de la salud y la profundización de la crisis social y económica (34% de pobreza en el conglomerado Santa Rosa-Toay) agravada por el Covid-19, han llevado al reforzamiento del aparato represivo, que más que nunca devela su naturaleza violenta y su rol de defensa del sistema capitalista; sistema que condena a esa enorme mayoría de la población que vive hacinada en las barriadas populares, sin apenas medios para subsistir, mientras unos pocos especuladores se llenan los bolsillos, a lo que el gobierno destina los recursos al pago de la deuda externa.

No al reforzamiento del aparato policial y a la represión. Exigimos al gobernador Sergio Ziliotto el esclarecimiento de los hechos denunciados, y el cese inmediato de los torturas y apremios ilegales. Cárcel a los policías y a los funcionarios responsables. Control obrero en la cuarentena.