El próximo 12 de agosto, en la ciudad de La Plata, comenzará el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos por la CNU (Concentración Nacionalista Universitaria), una organización paraestatal que operó en la capital provincial entre 1974 y 1976 al amparo del gobierno de Victorio Calabró y de la policía bonaerense. Justicia Ya! La Plata estará representada a través de las abogadas de Apel.

 

Después de más 40 años de impunidad, intimidaciones y amenazas a testigos, con genocidas prófugos, complicidades políticas y judiciales, serán juzgados los civiles Juan José “Pipi” Pomares y Carlos Ernesto “El Indio” Castillo, miembros de la Concentración Nacional Universitaria (CNU). El juicio contará con más de 70 testigos. Será la primera vez que se juzguen los crímenes de la CNU platense.

 

Castillo y Pomares están acusados de homicidio agravado, torturas, secuestros, robo y violación de domicilio cometidos en tres operaciones parapoliciales realizadas por la CNU el 12 de febrero, el 4 de abril y el 19 de abril de 1976.

 

 

La CNU y la burocracia sindical

 

La CNU fue una organización paraestatal de derecha peronista que golpeó con fuerza especialmente en el ámbito universitario de La Plata y Mar del Plata. Entre 1974 y abril de 1976, sus integrantes cometieron más de un centenar de secuestros y asesinatos de estudiantes y docentes universitarios, alumnos de los colegios de la Universidad Nacional de La Plata, militantes de izquierda, sindicalistas e integrantes de comisiones internas.

 

La CNU contó con el aval político de la burocracia sindical peronista, especialmente de FOETRA, SUPE, UOCRA y el núcleo “más duro” de la CGT de Mar del Plata; algunos de sus miembros se integraron en espacios sindicales relacionados con la estructura de la UOM y las 62’ Organizaciones; Patricio Fernández Rivero, imputado en el marco del juicio oral y público “CNU Mar del Plata”, fue custodio personal de José Rucci.

 

Calabró desde la gobernación bonaerense, López Rega desde el Ministerio de Desarrollo Social, y de Oscar Ivanissevich al frente del Ministerio de Educación de la Nación aportaron al financiamiento y sostenimiento de esta organización criminal.

 

Hacia fines de 1975, la CNU queda bajo el mando del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército. Sus miembros incorporados a los grupos de tareas que operaron durante la dictadura como miembros de inteligencia u operativos. De esta "escuela" salió Gerardo Martínez, el actual jefe de la UOCRA.

 

 

Los acusados

 

Tras la salida de la dictadura, Pomares y Castillo recorrieron un largo periplo en democracia.

 

Castillo fue detenido en mayo de 2011 en la localidad de Villa General Belgrano, en la provincia de Córdoba, luego de permanecer prófugo cinco meses. Durante el gobierno Raúl Alfonsín, participó del levantamiento de “los carapintada”, vinculándose posteriormente a Aldo Rico y a su partido, el MODIN. Durante la dictadura, estuvo preso en la U9 de La Plata, pero salía de su encierro para participar de operativos de los grupos de tareas de la bonaerense que dirigía Ramón Camps.

 

Por su parte, Pomares fue miembro activo del Partido Justicialista en La Plata. En 1984 ingresó como empleado del Senado bonaerense durante la gestión de Herminio Iglesias. En 1991, ingresó a trabajar a la Municipalidad de La Plata, cuando Julio Alak era intendente. Pomares estuvo casado con Susana Gordillo, ex concejal en la ciudad de La Plata y funcionaria de la gestión del ex intendente Pablo Bruera. Hasta julio de 2011, "Pipi" ocupaba el cargo de asesor en el bloque del Frente para la Victoria en la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires. Recién en julio de 2012, el ex vicegobernador Gabriel Mariotto decretó su cesantía.

 

La causa sólo contempla a una ínfima parte de las víctimas de las CNU (que llegan al centenar) y a sólo dos de los más de 70 miembros que, se estima, integraban la organización. Asimismo, en forma paralela, se sigue la a la causa “CNU-Mar del Plata”.

 

En un contexto de las operaciones del macrismo para terminar con los juicios y avanzar en un pacto de reconciliación con los responsables del genocidio y del terrorismo de Estado, se vuelve indispensable redoblar la lucha para que todos los genocidas militares, civiles, eclesiásticos y empresariales sean juzgados y condenados, por la apertura de los archivos y contra la impunidad.