Se aproxima el juicio que imputa a seis ex jerarcas de la Armada, dos ex jefes de la Prefectura Naval y otros dos ex oficiales de esta fuerza acusados por el secuestro, tortura y asesinato contra trabajadores de YPF, Propulsora Siderúrgica (grupo Techint), Astilleros Río Santiago y frigorífico Swift. Desde Apel La Plata, como parte de la querella de Justicia Ya, participaremos en representación de los compañeros.

 

Los acusados son el ex comandante de Operaciones Navales, Antonio Vañek; el ex comandante de la Fuerza de Tarea Nº 5 (FT5), Jorge Alberto Errecaborde; el ex director del Liceo Naval y también comandante de la FT5, Juan Carlos Herzberg; el ex comandante del Batallón de Infantería de Marina Nº 3 (BIN3), José Casimiro Fernández Carró; el segundo comandante y jefe a cargo del armamento del BIN3, Angel Antonio Mocellini (quien además cumplió funciones como comandante del grupo de tareas de la FT5), y el ex jefe de Operaciones e Inteligencia del BIN3, Roberto Eduardo Fernando Guitian. También son investigados los jefes de la Prefectura Naval zona Río de La Plata, Carlos José Ramón Schaller y Luis Rocca, y los oficiales de la Prefectura Osvaldo Tomás Méndez y Eduardo Antonio Meza.

 

El accionar represivo de la Armada en nuestra zona operaba a través de la denominada “Fuerza de Tareas Nº 5”, desde el Servicio de Inteligencia Naval (SIN), en el Batallón de Infantería de Marina N° 3, el Hospital Naval, el Liceo Naval, más el destacamento de Subprefectura de Río Santiago y, por lo menos, los CCD “La Cacha” e Infantería de 1 y 60.

 

A 38 años del golpe genocida, este pequeño grupo de represores de la Marina y la Prefectura Naval serán juzgados por primera vez. Su participación criminal apuntó a desarticular al combativo movimiento obrero industrial de la zona, que resistía a la dictadura.

 

Este juicio, nuevamente, abarca a una parte de represores y víctimas. Se juzgará a los diez represores por un total de 40 compañeros (tres que permanecen desaparecidos, 35 sobrevivientes y dos homicidios, los de Miguel Orlando Galván Lahoz y Roberto Pampillo, perpetrados por la Armada y la policía Bonaerense el 19 de octubre de 1976 en 7 y 58 de La Plata).

 

De los diez genocidas imputados -alguno de ellos ya fueron condenados en otras causas-, la mayoría gozan del beneficio de la detención domiciliaria. Sólo dos se encuentran cumpliendo prisión efectiva, pero en el régimen abierto de la Unidad 31 de Ezeiza, destinado originalmente a mujeres presas con sus hijos.

 

Perpetua y cárcel común a todos los represores por todos y cada uno de los compañeros. Juicio y castigo a sus cómplices políticos, empresarios y eclesiásticos.

 

Apertura de los archivos de la dictadura. Separación de todos los implicados que aún revisten en actividad en las fuerzas armadas y de seguridad.

 

Aparición con vida de Julio López.