La desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro, que ya lleva más de cien días, coloca en el centro de los reclamos el desmantelamiento de la policía bonaerense y la destitución inmediata de su responsable político, Sergio Berni. Una vez más, esta institución aparece como una amenaza para la juventud, y nuevamente cuenta con la protección del poder político de turno. Esta vez, el operativo de encubrimiento del accionar criminal de la bonaerense se encuentra encabezado por el sector más “progre” de la coalición de gobierno, encarnado en la figura de Axel Kicillof como gobernador de la provincia.

Los gobiernos de turno han mantenido intacto este aparato corrupto y descompuesto, del que se valen para regimentar a los sectores populares -mediante el gatillo fácil y la represión-, con el fin de llevar adelante los planes de ajuste. Se sirven sistemáticamente de una fuerza íntimamente entrelazada con el narcotráfico y la trata de personas, promotora de todo tipo de actividades delictivas, recibiendo los funcionarios una tajada de los negociados regenteados por la bonaerense.

En las últimas décadas diversas crisis, desencadenadas por fuertes escándalos de corrupción protagonizados por la “maldita policía”, obligaron en algunas oportunidades al poder político a simular una serie de “purgas” al interior de la institución. A este recurso apeló Felipe Solá cuando era gobernador de Buenos Aires, a raíz de las manifestaciones populares que en 2003 apuntaron en distintas localidades de la provincia contra los negociados delictivos de la policía, y obligaron a renunciar a un puñado de comisarios. También María Eugenia Vidal en el 2016, cuando salieron a la luz una cantidad de coimas y desvío de fondos que tenían como epicentro la Departamental de La Plata. Sin embargo, estos intentos de “reformas” de la bonaerense siempre fueron inocuos. La misma sigue operando como una asociación ilícita, al servicio de los intereses patronales, e involucrada sistemáticamente en crímenes contra la juventud.

La desaparición forzada de Luciano Arruga el 31 de enero del 2009, cuyo cuerpo fue hallado en 2014 enterrado como NN en el cementerio de Chacarita en un hecho plagado de irregularidades, ilustra la connivencia estatal en los delitos perpetrados por parte de la policía bonaerense. Fue visto por última vez siendo ingresado detenido en el Destacamento policial de Lomas del Mirador, sitio en el cual había sido torturado en septiembre del año anterior, como parte del hostigamiento constante que recibía Luciano por negarse a robar para la fuerza. Sin embargo, la causa permaneció paralizada durante cuatro años, los ocho policías involucrados en su desaparición fueron reincorporados -aún cuando testigos han denunciado amenazas por parte de los agentes- y las primeras fiscales de la causa, responsables de que este crimen permanezca impune, no han sido enjuiciadas. Los avances en la lucha por justicia por Luciano han sido consecuencia de la movilización independiente encabezada por su familia y acompañada por distintas organizaciones de izquierda. Fue de este modo que se logró a lo largo de los años que se apartara a la bonaerense de la investigación y la causa pasara al fuero federal, que la carátula pasara a ser “desaparición forzada de persona” y no “averiguación de paradero”; que se conquistó el juicio y condena a diez años de prisión para el policía Julio Diego Torales -quien había torturado a Luciano meses antes de su desaparición- y que la Justicia avanzara con los peritajes del Destacamento policial donde se lo vio por última vez, y finalmente, el hallazgo del cuerpo a cinco años de su desaparición. La responsabilidad del kirchnerismo en este entramado criminal es total, ya que al momento de los hechos se encontraba al frente del gobierno tanto nacional como provincial y municipal.

Los casos de gatillo fácil para disciplinar a la juventud de los barrios han sido moneda corriente en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Todavía permanece sin condena el policía bonaerense Rodrigo Canstatt, que asesinó en mayo de 2019 a Diego Cagliero en el marco de una persecución sangrienta e injustificada hacia un grupo de jóvenes que regresaban de un velorio en el distrito de Tres de Febrero. El envalentonamiento policial recrudeció durante el aislamiento social obligatorio, promovido por el propio gobierno nacional que instó a las fuerzas represivas a jugar un papel en “hacer cumplir la cuarentena”. En la provincia, Kicillof se apoyó en la figura de Sergio Berni para atestar de patrulleros las barriadas, con el objetivo de contener posibles estallidos populares frente a la desmejora de las condiciones de vida de los sectores más empobrecidos. Fruto de esta política, desde marzo a esta parte se produjeron 42 asesinatos a manos de las fuerzas policiales en la provincia de Buenos Aires (sobre un total de 92 a nivel nacional), de los cuales 32 fueron perpetrados por la policía bonaerense. A modo de ejemplo está el caso de Lucas Verón de González Catán, un joven de 18 años que fue ejecutado por dos efectivos de la bonaerense en julio de este año, cuando volvía en moto con un amigo de comprar en el kiosco; Ezequiel Benitez y Cinthia Duarte, los asesinos de Lucas, “son conocidos en la zona por perseguir, golpear y cometer otros abusos” (Cosecha Roja, 14/7).

La policía bonaerense también tuvo un rol central en el encubrimiento de múltiples femicidios relacionados con las mafias de la droga a las que se encuentra vinculada. El caso de Candela Rodríguez, hallada sin vida en un descampado de Hurlingham en 2011, es emblemático; la niña de 11 años había sido secuestrada por bandas narco que operaban en San Martín, y a pesar de que todas las pistas apuntaban en esa dirección, la policía desvió la investigación buscando donde se sabía que no estaba; a nueve años de su asesinato no hay acusados firmes y muchas de las pruebas fueron destruidas por parte de la cúpula policial. También en San Martín ocurrió en 2017 el femicidio de Araceli Fulles a manos de Darío Badaracco, un dealer del distrito, en un caso que mostró la complicidad policial y judicial: no solo Badaracco ya había prestado declaración en la fiscalía sin que lo detuvieran, pese a ser el principal acusado, sino que el cuerpo de la joven fue encontrado en su domicilio recién en un segundo rastrillaje, luego de que el primero estuviese exclusivamente a cargo de la policía bonaerense. Asuntos Internos de la bonaerense se vio obligado a separar de la fuerza a los oficiales a cargo, el subcomisario Hernán Humbert y el oficial José Herlein, a quienes también se descubrió por esos días que guardaban en sus despachos de la Comisaría 5ª grandes cantidades de marihuana y cocaína confiscadas en distintos allanamientos y que no habían sido declaradas.

La función de velar por los intereses patronales llevó a que la “maldita policía” jugara un papel clave en el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra en 2010, a manos de la patota de la Unión Ferroviaria comandada por José Pedraza, en en el marco de una protesta de tercerizados ferroviarios contra el entramado corrupto entre el gobierno, las empresas y la burocracia sindical. Previo al ataque que concluyó con la vida de Mariano (y que contó con el visto bueno de la Polícía Federal), la patota ejecutó otro en complicidad con la bonaerense, que traspasó su jurisdicción para sumarse a la emboscada con balas de goma contra los tercerizados. El juicio y castigo a los responsables del crimen de Mariano fue fruto de la lucha popular independiente al gobierno, que intentó atribuir el asesinato a un “enfrentamiento entre sindicalistas” y hasta ordenó la detención de compañeros de Mariano mientras sus victimarios estaban en libertad.

En el caso de Facundo, sobran las pruebas para determinar la responsabilidad de la policía bonaerense en su desaparición forzada. Desde el hallazgo de un amuleto perteneciente al joven en la comisaría de Teniente Origone, pasando por las amenazas que el ex cuñado de Facundo recibió por parte de efectivos de Mayor Buratovich para que falseara su testimonio, hasta la aparición de la foto del DNI de Facundo Castro en el celular de una agente de la bonaerense, cuando la versión policial había sido que se encontraba indocumentado. Sin embargo, Sergio Berni lleva adelante un negacionismo en torno a esta responsabilidad evidente, y el gobierno nacional y provincial lo sostienen en su cargo pese a esta política de encubrimiento.

Por todo lo anterior, el desmantelamiento de la policía bonaerense implicaría un enorme triunfo del movimiento popular y se convierte en un asunto de vital importancia para la juventud. Pongamos en pie un gran plenario antirrepresivo para desarrollar a fondo este reclamo e impulsemos el “Fuera Berni” como paso fundamental en esa dirección.