Las muertes de Sebastián Cristóbal Gómez y de Luis Alberto F. en Jardín América a manos de la policía -que las declararon como accidentes de moto-, sumadas a la constante y brutal persecución de la juventud, provocaron una gran indignación y movilización de la población en esa localidad.

La respuesta del gobierno ante estas protestas, fue militarizar el pueblo con Gendarmería y la brigada antimotines para intimidar a la población y garantizar la represión que se venía preparando. Con la excusa de "desmanes" en las manifestaciones a la comisaría del lugar, la policía encarceló y torturó a jóvenes del pueblo, lo cual incluyó "submarino seco", golpizas y rociado de gas pimienta cada hora.

Todo esto con el fin de escarmentar y aleccionar a una parte de la población que se manifiesta contra estos atropellos y reclama justicia. Ante la mediatización de los hechos y con respecto al anuncio de la remoción de la cúpula de la policía de Jardín América, el ministro de Gobierno. Jorge Franco, hizo honor al accionar policial y aclaró que nunca habían pedido la renuncia de los jefes diciendo que "siempre se han dedicado a servir fielmente a la sociedad".

Bajo ningún punto de vista se puede justificar y comparar la impunidad policial violenta, organizada y premeditada, con la manifestación por los aberrantes hechos de represión policial que se vienen sucediendo uno tras otro. La presencia de la Gendarmería y el GOE no tiene nada que ver con la prevención de algún delito o la "pacificación" en Jardín América, sino que es un operativo para intimidar y perseguir a quienes quieran organizarse contra los atropellos policiales.

Juicio y castigo a todos los responsables materiales y políticos (que sostienen y dan el marco de impunidad a la policía) por las muertes de Sebastián y de Luis, y de la persecución, cacería y torturas de los 19 detenidos. Liberación inmediata de los detenidos. Desmantelamiento de las fuerzas represivas del Estado.