El 15 de abril pasado comenzó en Caleta Olivia el juicio a los trabajadores Néstor Vibares, Martín Oñate y Jorge Armoa, a raíz de un reclamo gremial de 2014. Los compañeros estuvieron presos en aquel momento y hoy son llevados al banquillo bajo la acusación de coacción y “entorpecimiento de la actividad económica”.

La jornada fue acompañada por numerosos referentes sindicales, como Miguel Del Plá (secretario general de la CTA Autónoma provincial), Pedro Cormack (secretario general de Adosac), Ileana Celotto (secretaria general de AGD-UBA), así como una delegación del Sutna y la diputada Mónica Schlotthauer, entre muchos otros. El gran ausente de la jornada fue la burocracia del sindicato que comanda Claudio Vidal.

"Este juicio en que se ataca el derecho a huelga pinta de cuerpo completo a la Justicia de Santa Cruz, para esta gente los puestos de trabajo de decenas de familias no importan tanto como las ganancias de las empresas que dejan en la calle a estos trabajadores”, dijo Del Plá.

La audiencia desnudó una causa armada para acallar el reclamo gremial de los trabajadores de la empresa Bacsa, que fue acompañada por el sector más clasista de la entonces Comisión Directiva del Sindicato Petrolero.

La empresa no es querellante. El principal acusador de los trabajadores es el representante del Estado, el fiscal Ariel Candia, del Juzgado de Instrucción de Las Heras, quien parece actuar como el representante de la patronal en el proceso. Del Plá puntualizó que "no podemos permitir que pase inadvertido que Candia es un agente de las empresas petroleras y debemos recordar que es quien llevó a otros petroleros a juicio por la causa Sayago [un proceso judicial que siguió a la muerte de un oficial policial en 2006], a quienes se los obligó a declarar contra sí mismos mediante torturas".

No pocos especulan que el fiscal de Cámara, Carlos Rearte, de Caleta Olivia, se ausentó de esta audiencia porque entiende que viene “flojita de papeles”.

Los testigos que presentaron las defensas, uno a uno, ratificaron que se trató de un legítimo reclamo obrero e informaron que los compañeros siguen cumpliendo tareas en sus respectivas empresas Oleosur (Oñate) y Oil&MS (Vivares), mientras que el delegado Armoa fue despedido y ahora sigue en el yacimiento tercerizado por convenio Uocra.

Bochorno

En cambio, los testigos de la fiscalía demostraron que estamos ante un juicio bochornoso, que quiere acallar las voces de quienes protestan.

Un oficial de la Policía de Santa Cruz dijo no recordar nada de lo sucedido. Un chofer de la empresa declaró que no escuchó la supuesta amenaza de Vibares, porque en ese momento estaba dormido.

Un empleado de la estación de servicio donde, supuestamente, se produjeron las amenazas explicó que si hubiese sucedido algún hecho grave, seguramente lo recordaría. El apoderado de la empresa reconoció que habían contratado obreros en Neuquén para “romper” la huelga.

Un gerente no hizo ningún aporte sustancial, pero quedó claro que la empresa Bacsa, que hizo la denuncia, no aportó las imágenes de las cámaras de seguridad, que hasta el día de hoy no están en la causa, y no estarán porque la empresa reconoció que no las resguardó.

El responsable de la empresa, quien cerró los portones, de apellido Esperanza, no se presentó a declarar.

Ante estas declaraciones e irregularidades, el juicio debería haber terminado con la absolución de los compañeros. Si el fiscal no tenía “sus” testigos, él debía cargar con la responsabilidad de hacerlos comparecer y, si no fueron, su acusación debía caerse automáticamente. Darle tiempo para salir a buscarlos sólo es una maniobra para salvar un juicio bochornoso que no debería haber comenzado.

Dentro y fuera de la sala, al calor de los bombos y los cánticos de todos los sectores, que acompañaron, sin cesar, durante seis horas a los obreros acusados, la cancha se inclinó en favor de la clase obrera.

El próximo 29 nos volveremos a movilizar para arrancar la absolución.