La decisión del gobierno de encuadrar al ignoto grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) –cuya existencia misma es puesta en duda por organizaciones mapuches y de derechos humanos– como “terrorista” preanuncia una escalada represiva mayor aun que la que se cobró hasta ahora las vidas de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.

La información consignada en la edición del domingo pasado por el diario La Nación (3/12) señala que el gobierno pretende que la Justicia Federal tome a su cargo la persecución al RAM bajo “el artículo 213 bis del Código Penal, que tipifica ´otros atentados al orden público´, figura similar al terrorismo”.  

Ese artículo fija que "será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 8 años el que organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que tuvieren por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación". Las llamadas “leyes antiterroristas”, sancionadas bajo el impulso del kirchnerismo, agravan con la duplicación de la pena en el caso de que "alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo". Los que nos acusaban de “hacerle el juego a la derecha” la dejaron servida en bandeja.

Del protocolo ´antipiquete´ al protocolo ´antiterrorista´

Esto ya está en marcha. Una resolución de la Procuración General de la Nación, con la firma de Eduardo Casal –reemplazante de Alejandra Gils Carbó–, ordena “realizar los estudios necesarios con miras a diseñar, con los recursos disponibles dentro de este ámbito, una estructura dedicada a facilitar y elaborar una estrategia institucional contra el extremismo violento y el terrorismo internacional (…) que contribuya a dotar al sistema judicial de aquellas herramientas necesarias para abordar de manera integral ese fenómeno delictivo de extrema complejidad y actualidad”.  

El gobierno se encuentra operando para articular esta escalada represiva con los gobernadores y ampliar su cobertura política. Esta semana, Alberto Weretilneck (Río Negro), Omar Gutiérrez (Neuquén) y Mariano Arcioni (Chubut) se reunirán en la Casa Rosada con Patricia Bullrich, Germán Garavano, Marcos Peña y Rogelio Frigerio para coordinar la acción de fuerzas federales y provinciales (ídem).

Esta operación, dirigida a apuntalar los intereses de los acaparadores de tierras, las petroleras y las mineras –éstas se verán beneficiadas además con la modificación de la ley de Glaciares– trasciende la Cordillera. “Una preocupación principal de Macri es que en caso de que Sebastián Piñera gane la presidencia en Chile, su persecución a la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), la versión trasandina de RAM, podría determinar el cruce de centenares de activistas hacia la Argentina. Garavano dijo esta semana que habrían cruzado unos 40, pero todavía no se pudo verificar” (ibídem). Los gobiernos de Argentina y Chile están tramando un reforzamiento del ´plan Cóndor´ que se puso en marcha con la detención de Facundo Jones Huala.

No es casual que a pocos días de su triunfo electoral, el gobierno haya anunciado que quiere “autorizar a las FFAA a combatir el terrorismo”.

“La lucha contra el terrorismo sería bien recibida por el gobierno de Estados Unidos, en momentos en que se evalúa la realización de ejercicios militares conjuntos entre ambos países” (La Nación, 30/10). Según el editorialista del diario de los Mitre, Joaquín Morales Solá, la Armada podría recuperar el manejo de la Prefectura. De este modo, tendremos finalmente a las fuerzas armadas desarrollando tareas de represión interna, bajo la excusa de la persecución de un grupo fantasmagórico, con herramientas legales heredadas del gobierno anterior.

Redoblemos la movilización política contra esta escalada. El 7, con todo a la ronda de las Madres junto al Encuentro Memoria Verdad y Justicia.

Por Santiago Maldonado y por Rafael Nahuel. Abajo la militarización de la Patagonia. Abajo las “leyes antiterroristas”. Fuera yanquis de América Latina.