Durante la segunda jornada del juicio contra César Arakaki y Daniel Ruiz, las defensas expusieron la nulidad del requerimiento de elevación a juicio oral por la arbitrariedad de la resolución y por no contener una descripción clara y circunstanciada de las acciones que se pretende a achacar los compañeros.

La audiencia fue acompañada por Néstor Pitrola, Daniel Luna (de la Junta Interna del Inti), Rodrigo Ramos (del Enacom) y el actor Iván Mochner (de la agrupación Actuemos), entre otros compañeros y compañeras solidarios con los imputados.

La defensora de César Arakaki, Liliana Alaniz, de la Asociación de Profesionales en Lucha (Apel), formuló una fuerte denuncia contra el accionar de la fiscal Alejandra Mángano, que estuvo a cargo de la instrucción, y del fiscal Germán Moldes, quien, en un alegato ideológico donde pedía la prisión domiciliaria de César y Dimas Ponce, tildó de “fieras antisociales” a los manifestantes. 

Recordó también el accionar de algunos medios de comunicación que quisieron demonizar a César, como punta de lanza para atacar a los cientos de miles que marcharon contra la reforma previsional en las jornadas de diciembre de 2017, que se coronaron, no sólo con la heroica movilización a las puertas del Congreso Nacional, sino que se continuaron durante la madrugada del 19 de diciembre cuando los cacerolazos se hicieron oír en toda la Ciudad.

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Mauricio Macri, había anticipado el accionar represivo de las fuerzas y se sirvió para ello de la Policía de la Ciudad como brazo ejecutor. Eduardo Feimann inició una campaña contra César Arakaki con posterioridad a la marcha que consistió en exponer fotografías de César de su perfil de Facebook, donde se lo veía con una supuesta arma de fuego. Esa fotografía se trataba del “teaser” (adelanto) de una película en la que trabajó nuestro compañero actor.

Se recordó también la cuestionada inteligencia de las fuerzas de seguridad que indicaron como responsable de un delito a Lucas S., compañero del PO que tuvo que demostrar que no se encontraba en la movilización porque estaba trabajando. Y también sobre la novia de César, a quien se calificó con epítetos xenófobos, y se confundió, en las imagenes televisivas, con alguien que martillaba una fuente de la plaza Congreso, y resultó que no se trataba siquiera de una mujer. Todo mediante una burda “inteligencia” sobre el Facebook de Arakaki.

La persecución a César y Daniel no puede analizarse fuera del contexto político. Es una criminalización del derecho a la protesta, una represalia por luchar contra una reforma reaccionaria que modificaba el cálculo del haber en perjuicio de los jubilados. La enorme movilización de aquellas jornadas llevó al gobierno a postergar la reforma laboral, un reclamo con el que hoy vuelven las patronales.

Tampoco es menor destacar que, luego de dos años, este juicio se desarrolla en medio de enormes rebeliones populares en Latinoamérica.

Un dato notable de la audiencia fue protagonizado por el abogado querellante que representa al policía Brian Escobar, quien, para impugnar la movilización contra la reforma previsional y penalizar a los compañeros, citó autores alemanes que justifican la “legalidad” del Holocausto y, por lo tanto, la “ilegalidad” de quienes se levantaran en armas contra la masacre del pueblo judío. La intervención fascista indica el contenido bolsonarista del macrismo que alienta este proceso de criminalización de la protesta social.

La próxima audiencia será el lunes 9, a las 14 horas, en Comodoro Py.

Seguimos adelante por la absolución y la nulidad de este juicio contra quienes salieron a defender a los jubilados y a todo el pueblo trabajador argentino.