Libertades democráticas
13/3/2026
La querella de Justicia Ya! Presento sus alegatos en el juicio por los centros clandestinos 1 Y 60, Comisaría Octava y Comisaría Segunda de La Plata
Seguir
Querella Justicia Ya!
El juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención y exterminio de la sede central del Cuerpo de Infantería y en el predio contiguo del Regimiento de Caballería de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (ubicado en la capital provincial en la calle 1 entre 59 y 60, junto con en el Regimiento de Caballería en 60 entre 1 y 115), y parte de los hechos cometidos en la Comisaría 8ª de La Plata (ubicada en la avenida 7 y esquina 74, en Villa Elvira); ambos pertenecientes al circuito Camps, que comenzó en mayo de 2025 está llegando a su instancia final.
Están siendo juzgados 18 genocidas, el exministro de gobierno Jaime Lamont Smart e integrantes del Regimiento 7 de Infantería de La Plata. Es la primera vez que se va a juzgar a militares que eran parte del regimiento, donde tenía asiento el Área 113: Jorge Alberto Crinigan, Ismael Ramón Verón, Lucas Marcelo Castro, Enrique Francisco Welsh, Luis Gustavo Diedrichs, Lucio Carlos Ramírez, Rubén Vicente Sánchez y Enrique Armando Cicciari; sumado a Carlos Hugo Leguizamón exintegrante de la Policía Federal Argentina (PFA), como los integrantes del Destacamento de Inteligencia 101 Carlos María Romero Pavón, Roberto Balmaceda y Jorge Héctor Di Pasquale.
También están juzgados los expolicías bonaerenses Claudio Rubén Mejías, Tomás D’Ottavio, Raúl Ricardo Monzón y Juan Antonio Vidal, junto a Carlos Ernesto “Indio” Castillo, miembro de la patota de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) que funcionó como banda paraestatal previo al 24 de marzo.
Las víctimas del debate estuvieron secuestradas, privadas ilegalmente de su libertad y torturadas entre marzo y diciembre de 1976 provenientes del cordón industrial de La Plata, Berisso y Ensenada. El mismo 24 de marzo se registraron secuestros en los Astilleros Río Santiago, en Propulsora Siderúrgica, , la empresa R.A.B. SRL de laminados, en la Sociedad Industrial de Aparatos de Precisión (SIAP), en el Frigorífico Swift y en YPF, entre otros lugares de trabajo, constituyendo una práctica sistemática y planificada como parte del terrorismo de Estado con el claro objetivo de disciplinar y hacer desaparecer la organización independiente y de clase de los trabajadores. En total corresponden a 193 víctimas de la causa 1 y 60, y 106 víctimas de la causa de comisaría 8va.
Entre las víctimas, se encuentra el militante de en ese momento Política Obrera (hoy Partido Obrero) Juan Carlos Iterlandi, trabajador de la fábrica Alpargatas, secuestrado en abril del '76 en 1 y 60, quien luego fue liberado.
Estas semanas las partes acusadoras -fiscalía y querellas- presentaron sus alegatos, demostrando la responsabilidad de los genocidas imputados y solicitando prisión perpetua por el delito de genocidio.
Este jueves, fue el turno de la querella de Justicia Ya! La Plata, de la cual Apel forma parte junto a la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, junto a la Asociación de Profesionales en Lucha (Apel); Colectivo de abogades populares La Ciega, Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), Las Azucenas, Hijas, el Comité de Acción Jurídica (CAJ).
En la introducción, luego de mencionar que si hoy estábamos acusando a los imputados en este juicio es por la enorme lucha contra la impunidad de los sobrevivientes, familiares, organizaciones políticas y sociales de hace 50 años, nos referimos al contexto política actual bajo el gobierno negacionista de Milei.
Seguidamente destacamos que la dictadura genocida tuvo un enemigo claro: llevó adelante un plan sistemático de secuestro, tortura y desaparición que estuvo dirigida a aniquilar a militantes sociales, barriales, políticos, estudiantiles, y sindicales.
Más de la mitad de las víctimas de este juicio eran trabajadores y trabajadoras. El Ministerio Público Fiscal señaló en su alegato que se pudo comprobar que la mayoría eran trabajadores de fábricas del cordón industrial de la zona donde vivían (Astillero Río Santiago, Propulsora Siderúrgica, SIAP, YPF, Frigorífico Swift, entre otros).
Mencionamos la enorme similitud de lo mencionado con el contexto actual, en el cual seguimos enfrentando reformas laborales regresivas para los trabajadores y trabajadoras, en un cuadro de pérdida de derechos conquistados. Pero así también, como hace 50 años, también la respuesta es la organización y la lucha de la clase obrera para enfrentar el enorme ataque del gobierno. Claro ejemplo de ello son los 920 los trabajadores y trabajadoras Fate que están luchando contra el cierre de su fábrica, los jubilados y jubiladas que son brutalmente reprimidos todas las semanas y los trabajadores del Garrahan que lograron no sólo defender sus puestos de trabajo, sino que conquistaron un aumento salarial y continúan luchando contra el vaciamiento y mejores condiciones laborales.
Denunciamos la particularidad que tienen los delitos sexuales como parte del accionar genocida, que gracias al movimiento de mujeres de los últimos años las víctimas pudieron dar su testimonio. Según las cifras publicadas por el Ministerio Público Fiscal tan solo el 4% de los genocidas condenados, lo fueron por delitos sexuales.
Luego de pedir prisión perpetua y cárcel común para todos los imputados, finalizamos nuestro alegato resaltando que mientras estamos juzgando a los represores en este debate, en América latina y en todo el mundo, diferentes Estados de la mano del imperialismo están cometiendo graves violaciones a los DDHH y a las libertades democráticas, con muchas de las modalidades que hemos escuchado en esta sala, lo que no es casual ni coincidencia.
El genocidio que se sigue cometiendo en la Franja de Gaza, que en los dos últimos años han asesinado a 64.000 niños y niñas, y sigue aumentando esta cifra de muerte por la desnutrición y hambruna a la que es sometida por parte del estado sionista de Israel.
En nuestro país donde desde el discurso oficial se propone el negacionismo y la búsqueda de una solución jurídica a los genocidas, decimos que no hay consenso social para ello, no hay consenso social para los indultos a los genocidas, tampoco para que caminen libremente nuestras calles. Porque frente a los preocupantes paralelismos que existen entre el gobierno dictatorial y el actual, contamos con la experiencia acumulada de los compañeros y compañeras que enfrentaron la represión y la lucha contra la impunidad de manera organizada, poniendo el cuerpo en las calles.
