Claudia Ferrero, abogada, miembro de Apel (Asociación de Profesionales en Lucha) e integrante del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, participó del debate en comisiones acerca de la Ley Ómnibus en lo relativo a la reforma del código penal, que criminaliza la protesta social y le otorga protección legal a las fuerzas represivas.

“Vengo a denunciar el intento de establecer un régimen de excepción totalitario y represivo mediante esta ley y también el protocolo ilegal de la Ministra Bullrich. En los artículos 342 y 343 se modifican los artículos 237 y 238, los de “atentado a la autoridad”, ampliando el rango de las penas. Esto permitirá cárcel efectiva a posibles manifestantes o cualquier otra víctima de detención arbitraria. En estos casos la única prueba generalmente es el testimonio policial. Con el aumento de la pena y un estándar probatorio tan bajo, lo que sigue es la convalidación de las causas armadas” afirmó Ferrero.

Y agregó: “Con la reforma de la propuesta en el articulo 344, de sustituir el articulo 34, el texto propuesto le otorga a la policía “licencia para matar”. Amplía los supuestos y las causales para justificar legítima defensa o el cumplimiento del deber de las fuerzas de seguridad. Por otro lado le ofrece seguridad jurídica a los integrantes de las fuerzas de seguridad que incurran en abusos o usos desproporcionados de la fuerza. Esta protección legal puede derivar en el incremento de los supuestos enfrentamientos y las ejecuciones extrajudiciales”.

Con respecto a las modificaciones penales en torno a las movilizaciones y piquetes, la abogada sostuvo: “la protesta social deja de ser entendida como parte de la vida democrática y pasa a ser un delito contra el orden público, al que el Estado responde con un abordaje penal y sancionatorio. Las reformas propuestas agravan la nefasta y ya vigente Ley Antiterrorista. Estamos ante una reforma claramente antidemocrática, que pretende amordazar el derecho de expresión, el de reunión y el de peticionar a las autoridades. Lo que busca es imponer múltiples restricciones que amplían la posibilidad de criminalizar manifestantes, referentes y organizaciones, y promover la persecución política. Estas nuevas restricciones y delitos puede ser aplicados a un sinfín de reuniones y encuentros, supervisados por la policía, en una suerte de estado de sitio no declarado”.

Para cerrar afirmó: “toda la reforma del Código Penal tiene ese único objetivo, amparar un Estado totalitario y de excepción. Una democracia de infantería”.

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