El 23 de enero se cumplieron 30 años del asalto al Regimiento de Infantería Mecanizada 3 de La Tablada por parte del Movimiento Todos por la Patria (MTP). El MTP realizó el copamiento con el propósito de defender el ‘régimen democrático’ y al gobierno de Raúl Alfonsín, bajo la convicción de la inminencia de un golpe militar. Esta caracterización es sostenida aún hoy en un comunicado por algunos de los ex militantes del MTP.

El gobierno y el alto mando militar protagonizaron una masacre contra el puñado de guerrilleros (no más de 70) que participó de la operación: hubo torturas, fusilamientos y desapariciones. En total, 28 militantes fueron asesinados y cuatro permanecen desaparecidos (Francisco “Pancho” Provenzano, Carlos Samojedny, Iván Ruiz y José “Maradona” Díaz). “En La Tablada se reprimió con los métodos de la dictadura y del fascismo”, denunció en ese momento Prensa Obrera (febrero 1989).

Recién treinta años después, en diciembre del año pasado, comenzó el juicio por la masacre, que tiene por único imputado al general Alfredo Arrillaga, quien condujo las operaciones bajo las órdenes del entonces jefe del Ejército, Francisco Gassino. Arrillaga llega al juicio con cuatro condenas previas en su haber por delitos de lesa humanidad. En el juicio se investiga una sola de las desapariciones, la de José Díaz. Aunque el Ejército indicó que éste se había fugado, hay fotos que lo muestran rendido junto a otro de los militantes posteriormente desaparecidos. “Los tenían boca arriba debajo de una arboleda y los estaban torturando con dos oficiales”, declaró el suboficial José Almada en el juicio (Clarín, 23/1). Algunos de los sobrevivientes, en tanto, han dado testimonios que pusieron de relieve espantosas vejaciones que sufrieron por parte de los miembros de las FFAA.

En el juicio, además, se agrietaron los pactos de silencio y el encubrimiento. El ex suboficial César Quiroga, quien manejaba entonces una ambulancia, afirmó que le hicieron firmar una declaración que falsificaba los hechos en relación a las dos desapariciones aludidas anteriormente. El juez Gerardo Larrambere, que instruyó la causa por el copamiento del cuartel, y el fiscal Alberto Nisman, entonces secretario del primero, han sido denunciados como piezas del operativo de encubrimiento de la masacre. En 1997, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a una investigación seria de los hechos.

Algunos de los militantes del MTP, en tanto, fueron condenados el mismo año de los hechos. En 2000, tras una prolongada huelga de hambre, hubo una conmutación de penas. En 2003, Enrique Gorriarán Merlo (uno de los dirigentes del MTP) y Mohamed Alí Seineldín (militar carapintada, que se sublevó 40 días antes de los hechos de La Tablada en el cuartel de Villa Martelli) fueron indultados.

El copamiento

En una táctica de distracción, el grupo del MTP ingresó al regimiento lanzando panfletos carapintada. Recién cuando se confirma que se trata de un grupo izquierdista, Raúl Alfonsín da via libre a una masacre que se prolongaría por dos días. Frente a Rico y Seineldín, en cambio, había capitulado miserablemente, entregándole a los militares las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Los medios oficialistas lanzaron una campaña artera que presentaba a los guerrilleros como un grupo suicida.

El gobierno formó un Consejo de Seguridad con los principales referentes de las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia, que tiene deliberaciones secretas y amplias potestades que le permiten inmiscuirse en casi cualquier terreno de la vida ciudadana.

“Se bombardeó desaforadamente con tanques, tanquetas, morteros y cañones del más grueso calibre para exterminar sin más mediaciones. Se destruyó el cuartel a cañonazos limpios –aún con colimbas adentro”, denunció Prensa Obrera (9/2/89). “No querían que ninguno saliera vivo”, confirma ahora en Clarín (ídem) el ex teniente José D’Angelo Rodríguez, que participó en la represión. El ex jefe del Ejército, Martín Balza, habla en sus memorias de “destrucción innecesaria del cuartel” (ídem). Balza no descarta, inclusive, que los servicios de inteligencia puedan haber contado con información previa del ataque, y que puedan haberlo dejado correr para un despliegue y legitimación de las Fuerzas Armadas, fuertemente desacreditadas por el genocidio (ídem). El jefe de la policía bonaerense, Ángel Pirker, declaró poco después de la masacre que a él le hubiera alcanzado con algunos gases lacrimógenos para desalojar a los guerrilleros.

Con el pretexto de un complot derechista, Alfonsín ya había dictado en 1985 un estado de sitio que después empleó contra el movimiento popular durante los saqueos y la crisis hiperinflacionaria de 1989, ocasión en que fue detenida la dirección nacional del PO. Aun a pesar del sofocamiento del asalto y del reforzamiento represivo, Alfonsín no pudo evitar el adelantamiento electoral ante el desmadre económico.

Alfonsín no fue de ningún modo una marioneta de los militares: empleó la masacre para apuntalar una política previa de amnistía que había empezado en 1987 en ocasión de los hechos de Semana Santa (punto final, obediencia debida). La masacre fue saludada por todo el arco político patronal, incluyendo a Carlos Menem y Alvaro Alsogaray (dirigente de la derechista Ucedé). La CGT se adhirió al “duelo nacional” decretado por el gobierno en homenaje a los caídos de las Fuerzas Armadas. El gobierno de Alfonsín practicó un rabioso militarismo.

La izquierda

La mayoría de la izquierda repudió el asalto al cuartel, en lugar de denunciar la masacre. Tempranamente, el PO lo advierte en una declaración del 26 de enero: “Izquierda Unida y con especial énfasis Luis Zamora y el Mas, han señalado también su solidaridad y condolencias con el Ejército. Néstor Vicente [candidato presidencial de IU en 1989] calificó a Baños [dirigente del MTP] de traidor a la democracia, convirtiendo al alto mando y a los carapintadas en demócratas”.

El PO denunció enérgicamente la masacre, sin dejar de hacer una severa crítica a la acción foquista y a su planteamiento político. El MTP era una organización democratizante, que promovía una “democracia participativa” y no iba más allá de los planteos en boga de “democracia con justicia social”. Sus militantes se lanzaron a una aventura para apuntalar la ‘transición democrática’ apadrinada por el imperialismo yanki. Es la misma ‘democracia’ que el MTP salió a defender la que cometió la masacre. Aún hoy, treinta años después, es llamativa la ausencia de una crítica expresa al alfonsinismo en el comunicado difundido por ex militantes de la organización.

La continuidad represiva del Estado se revela por estas horas en un hecho simbólico: el secretario de Derechos Humanos del macrismo, Claudio Avruj, participa del acto homenaje a los “caídos” de las Fuerzas Armadas durante el copamiento.

La Tablada es un alegato demoledor contra el régimen.

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[ARCHIVO] La verdad sobre La Tablada