El juicio contra Gorriarán Merlo y Ana María Sívori es un fraude judicial y político, como ya lo fuera el que condenó al resto de los militantes del MTP que sobrevivió a la masacre de La Tablada.

Sorprende la ausencia del testimonio del ‘Coti’ Nosiglia, reiteradamente señalado por la prensa como el que le pasó al MTP la información de que los ‘carapintadas’ tramaban un golpe de Estado. Sorprende la ausencia de interrogatorio a Alfonsín, que no solamente debía conocer lo que hacía su ‘operador’ político, sino que fue, como se dice hoy, el ‘autor intelectual’ de la masacre. Sorprende la no comparencia de Menem, quien con mucha velocidad denunció en su momento los hechos como una tentativa de birlarle la vía electoral a la presidencia. Sorprende la ausencia del comandante en jefe del ejército y de los ‘carapintadas’ que se ‘animaron’ espontáneamente al lugar, luego de haber protagonizado tres levantamientos previos de los que salieron ‘indultados’.

La única explicación que se nos ocurre para tantas cosas ‘sorprendentes’ es que se quiere evitar que el juicio alcance la dimensión política que merece y que llevaría a una condena brutal a los gobiernos democráticos que supimos aguantar en un marco de confusión política generalizada. El gobierno menemista quiere evitar que se transforme en un juicio a la masacre de militantes del MTP, y para ese fin tiene un ‘pacto de Olivos’ con el radicalismo. Necesita preservar también a la camarilla militar. Luego de las elecciones podría intentar de nuevo congraciar, con un indulto simultáneo, a los militantes del MTP y a Seineldín y sus seguidores. El indulto permitiría al gobierno hacer las pases con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha señalado por escrito las irregularidades de los procedimientos de los fiscales argentinos y de sus pruebas.

En enero de 1989 fuimos, el PO, el único partido que denunció la masacre como una tentativa política de ‘reconciliación’ entre los ‘carapintadas’ y la ‘democracia’alfonsiniana. Hoy reiteramos esta denuncia elevada al cuadrado y aprovechamos la oportunidad para señalar el encubrimiento al que se han aplicado los grandes medios de comunicación, que no realizaron en este caso ninguna investigación periodística, seguramente para evitar sus consecuencias ‘desestabilizadoras’ para el régimen de la entrega y de la superexplotación.