La vieja política de criminalizar y reprimir a les migrantes

La población migrante es uno de los blancos de ataque del gobierno de Milei. Al mismo tiempo que se multiplica el hambre y la miseria en los barrios del país, crece la escalada represiva bajo la mano de Patricia Bullrich y su protocolo antipiquetes, cuyo objetivo es amedrentar a la clase obrera que se organiza. La respuesta del gobierno a las organizaciones sociales y piqueteras que reclamaban asistencia y alimentos para los comedores es la represión, con camiones hidrantes, gases lacrimógenos y disparos con postas de goma.

No resulta casual que en el marco de la decena de detenciones arbitrarias que tuvieron lugar allí, hubiera al menos dos compañeros migrantes. Edwin Ocabcha, migrante boliviano y militante del Polo Obrero fue apresado de forma violenta, arrastrado, golpeado e incluso amenazado de muerte por parte de los efectivos policiales. Además de eso, numerosas declaraciones racistas y xenofóbicas pulularon en las redes sociales a partir de su detención.

Argentina es un país históricamente atravesado por la inmigración y ha tenido a lo largo de su historia leyes migratorias que incluso son consideradas progresistas o de avanzada en la región, pero bajo las cuales subyace una búsqueda de orden y disciplinamiento de la población, que el Estado pone en juego con la posibilidad de deportación y expulsión de los “extranjeros indeseables”.

Es así como desde la primera Ley de Inmigración y Colonización de 1876 (Ley Avellaneda) se configura la idea de un migrante deseado (blanco, occidental, católico, etc.), aunque quienes efectivamente vinieron eran trabajadores que en muchos casos trajeron consigo ideas socialistas y anarquistas, y empezaron a organizarse ante las condiciones políticas y económicas que encontraron en Argentina.

Tras la primera huelga general del movimiento obrero argentinos en 1902 se sanciona la Ley de Residencia, que empezó a utilizarse para criminalizar y reprimir la organización sindical, generando en los trabajadores migrantes miedo a ser expulsados. Esta ley continuó vigente hasta el primer gobierno de Perón inclusive, incluso expulsando a migrantes latinoamericanos militantes de izquierda -especialmente a quienes interpelaban al gobierno peronista.

Posteriormente, durante el gobierno de facto de Videla se promueve el ingreso de inmigrantes “cuyas características culturales permitan su adecuada integración en la sociedad argentina”, mientras que construía relaciones con otras dictaduras de la región reprimiendo exiliados y bajo una brutal política multinacional represiva.

La experiencia más reciente es la del Decreto de Necesidad y Urgencia 70 de Mauricio Macri, que en 2017 y bajo una manipulación de los datos estadísticos instaló la idea de que el crecimiento de la criminalidad en el país era producto del ingreso de migrantes, modificó la ley permitiendo expulsar a migrantes sin el debido proceso de defensa, eliminando la mayoría de garantías legales y procesales y ante la sola acusación de haber cometido un delito, incluyendo contravenciones menores como la venta ambulante o manifestarse en la calle. Este decreto que buscaba amedrentar y atemorizar a la población migrante, no impidió que esta se organizara y luchara hasta lograr la derogación del decreto, que se mantuvo vigente durante los dos primeros años de gobierno de Alberto Fernández.

Contra esta vieja política de criminalizar a la población migrante para regimentar a toda la clase obrera, profundicemos la organización y la movilización junto a todos los sectores en lucha.

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