En el debate de candidatos a jefes de gobierno se puso sobre la mesa un problema crucial para los porteños: el de la inseguridad y su vínculo con la policía. Ante la exposición de Gabriel Solano, el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta preguntó si la instalación de 10 mil cámaras (y la promesa de 10 mil más) no era positiva dado que se habrían capturado violadores y delincuentes prófugos que habrían sido reconocidos facialmente por la tecnología. La Ciudad de Buenos Aires se convirtió en un Gran Hermano: nadie puede dar un paso sin quedar registrado por algún dispositivo de seguridad. Nunca como ahora hubo en la ciudad tantos efectivos policiales, ni tantas cámaras, ni vehículos, ni equipos. La inversión estatal en materia de policía bate récords. 

Ahora bien, ¿tiene el delito una solución “tecnológica”? Para cualquier peatón que circula por la ciudad, la respuesta no puede ser más que un no rotundo. ¿Dónde están las cámaras de Larreta frente a la venta de droga que puebla las calles de Liniers? ¿Qué miran las cámaras de Larreta frente a la prostitución y las redes de trata que funcionan en la vía pública de Constitución? ¿Qué hacen las cámaras de Larreta con las mafias de barrabravas que cobran estacionamiento a los hinchas de todos los estadios y jóvenes de todos los barrios que salen de noche? ¿No registran las cámaras de Larreta a los piratas del asfalto que dejan los repuestos en Warnes? ¿No detectan los movimientos de las bandas que regentean los metros cuadrados de vereda y organizan la superexplotación laboral de los manteros en Once? Cuando las patotas de Pedraza asesinaron a Mariano Ferreyra, recordemos que las cámaras de la Federal presentes en el lugar dejaron de filmar “justo” en el momento del ataque. Bajo la mirada atenta de las cámaras se suceden todos y cada uno de los episodios del delito organizado sin que encuentren solución alguna. Es que detrás del ojo que espía están los responsables: en materia de inseguridad, la policía es parte del problema.

El accionar mafioso policial

El accionar mafioso de la policía se vuelca contra los comerciantes a cambio de “seguridad”, organiza la venta callejera ilegal (organiza las paradas y distribución de mercaderías), cobra por plazas de taxis, maneja la venta de artículos en los trenes, cobra a través de redes de trapitos por el estacionamiento público, organiza la sobreventa de entradas con las barrabravas, maneja las bandas de piratas del asfalto y la reventa de repuestos de autos, digita el asalto de comercios y casas, deja zonas liberadas al narcomenudeo y los pequeños asaltos, secuestros exprés (verdadera continuidad de los comandos de las tres A y la dictadura), garantiza la clandestinidad de desarmaderos, habilita puestos de venta callejera y habilita locales que no tienen las condiciones mínimas de seguridad e higiene para operar mientras hace la vista gorda frente a las cuevas clandestinas de juego, de cambio, de drogas y prostíbulos, tiene una responsabilidad directa en la gestión de documentos para inmigrantes ilegales y en el tráfico de personas para trabajo esclavo y prostitución de menores, gestiona la venta de armas ilegales, saca a los presos de las cárceles para mandarlos a robar o trata de obligar a la juventud de los barrios a hacer lo mismo (Luciano Arruga), y un largo etcétera. 

La policía es la mano de obra que estructura una caja negra de negocios espúreos y que se organiza desde las más altas jerarquías del Estado. Casi todas las bandas criminales actúan de una u otra forma para la policía: los delitos que no están organizados de forma directa son la excepción. Los delitos que escapan a su control, son la corrupción de la corrupción. Cuando los ladrones actúan por fuera del aparato policial, están buscando quedarse con la totalidad de un botín que, de otra forma, pasaría por las manos del comisario y el poder político. En este régimen represivo que organiza el delito de arriba hacia abajo, la descomposición del aparato policial tiene como trasfondo necesario las guerras de camarillas que inundan a las distintas fuerzas, que no sólo pelean entre sí sino que muestran fuertes cruces al interior de cada una de ellas. Las disputas por el reparto del botín de las cajas negras de la ciudad produjo una serie de escándalos que revelaron su funcionamiento. 

En todo este cuadro, la instalación de cámaras de vigilancia centralizadas es una de las principales apuestas para controlar y regimentar el negocio de bandas descentralizadas de la policía que chocan entre sí: es una gran herramienta técnica al servicio del poder político para concentrar y regimentar el negocio de la descomposición policial. Esta es una de las explicaciones para entender por qué Buenos Aires se transformó en un verdadero Gran Hermano: de 30 cámaras, la Policía pasó a contar con 1200 en 2013 y tiene hoy 10 mil en la vía pública, subtes y colectivos. Este Gran Hermano no sólo registra cada movimiento de la ciudad sino que incorpora tecnología de reconocimiento facial. De esta forma, se le facilita al poder político central controlar lo que antes quedaba reservado para los oficiales de turno y el comisario, que podían desviar menos fondos de los acordados. No extraña, entonces, que Larreta haya hecho de las cámaras un caballito de propaganda. Donde Larreta promete seguridad, las cámaras son herramientas de inseguridad al servicio de la maldita policía y sus negocios: el hecho de que funcionen bajo la mirada de las cámaras todo tipo de organizaciones ilegales es la confirmación de que estas no vinieron a resolver ningún problema, sino a regimentar el delito. 

Veamos dos ejemplos. En el barrio de Constitución, en la misma manzana donde Madres Víctimas de Trata tenía su local, denunciaban que no sólo había cámaras en cada esquina, sino que funcionaban al menos 4 prostíbulos, siendo que, además, dos de ellos cuentan con una cámara del gobierno en la puerta. ¿Para qué instalaron ahí tantas cámaras si no es para contar la cantidad de pases que ingresan y elaborar científicamente el monto de la coima que corresponde retirar por la explotación sexual de las mujeres y disidencias? Lo mismo vale para el pasaje de droga en el barrio: no hay peatón que no escuche a plena luz del día la oferta de “¿alto o bajo, amigo?”. Las cámaras vinieron a centralizar el registro de la cantidad de pases que realizan los soldados del narcomenudeo policial. 

Una política de clase

Queda demostrado que bajo este régimen social las cámaras de vigilancia no ayudan a combatir el delito organizado. Pero hay algo que sí se proponen combatir: la organización de las y los trabajadores. Un ejemplo de lo negativo que es tener un Gran Hermano lo vivieron las y los empleados del Banco Ciudad, cuando en 2009 una serie de denuncias mostraron cómo Sturzenegger había armado un sistema audiovisual para registrar el movimiento de todos sus trabajadores y que se proponía destruir la organización sindical. ¿Queremos copiar este estado policial contra los disidentes políticos en un país con 30 mil desaparecidos y donde gobiernan quienes niegan su existencia? Veámonos en el espejo del régimen chino, que se vanagloria de poder capturar, gracias a sus cámaras, a cualquier persona (opositor) en cualquier momento y lugar de Pekín en tan sólo 5 minutos. 

En este sentido, la respuesta de Solano a Larreta le dio un cierre muy valioso a la discusión: “Si se ponen en marcha las 10 mil cámaras más que promete Larreta, vamos a tener un récord mundial: cada 150 habitantes, una cámara. La Ciudad va a ser un Gran Hermano. Se van a cercenar los derechos democráticos. No queremos un estado totalitario que maneje la información de dónde circulan las personas: ahora tenemos a Patricia Bulrrich deteniendo personas en los trenes por portación de cara. Esta política es clasista: apunta contra la juventud, contra los pobres, contra los migrantes y por eso el Frente de Izquierda no comparte esta idea de crear cámaras por todos lados. Y esto mientras el gran delito es regentado por la Justicia y las fuerzas de Seguridad. Los socialistas somos los únicos que defendemos las libertades democráticas y las privacidades de las personas”.