En los últimos días, el fiscal general de Neuquén, José Gerez, declaró que había sido identificado uno de los responsables de los supuestos atentados que tuvieron lugar en Neuquén y Río Negro entre noviembre y diciembre de 2017, y que son atribuidos a la RAM. El supuesto “terrorista” sería un reconocido y público militante en defensa de los derechos humanos y contra la impunidad, el compañero Fermín Martínez.

En el día de hoy tuvo lugar una conferencia de prensa contra la criminalización del compañero, junto con su abogada patrocinante Gisella Moreira, de la Asociación de Profesionales en Lucha (Apel)

Los atentados serían tres. Dos de ellos se encuentran a cargo del fiscal de Neuquén Pablo Vignaroli: el intento de sabotaje a un pozo petrolero de Pluspetrol y el incendio de un depósito de autos de la concesionaria Kumenia en la ciudad de Neuquén. La tercera causa abierta es por el hallazgo de una bomba casera en un pozo de YPF en la localidad de Allen-Río Negro. Esta última está en manos del juez de instrucción federal Hugo Greca y se encuentra enmarcada en la Ley Antiterrorista.

Fue en el marco de la investigación de una estas causas que se ordenó, en noviembre pasado, el allanamiento de las viviendas de militantes de DDHH y miembros de la comunidad mapuche, entre las que se encontraba la de Fermín Martínez y su compañera Nadia Paris (ambos integrantes de la Radio Zona Libre y de Familiares y Amigos de Luciano Arruga)

Aunque por el momento Fermín Martínez no se encuentra imputado, un peritaje trucho le atribuye haber escrito los carteles que reclamaban la liberación del Lonko Facundo Jones Huala, de la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia Cushamen, que se encontraron en las inmediaciones de los lugares donde se produjeron los supuestos atentados. Esto cuando un primer peritaje había desvinculado la letra de Fermín con la de los carteles.

Vale recordar que el fiscal Pablo Vignaroli es quién dictó las órdenes de desalojo de los obreros de la maderera MAM, en lucha contra despidos, y quien lleva adelante la causa contra sus dos delegados por “usurpación” de la fábrica. Por su lado, el fiscal general José Gerez, viajó a Chile en diciembre pasado para reunirse con su par del país vecino con el objetivo de tomar “en forma binacional” los casos que involucran reclamos mapuche (ver nuestra nota: El Plan Cóndor del Orden Democrático)  

Es claro que toda esta avanzada de la justicia forma parte de la política que impulsa el gobierno de Macri y los gobernadores de Neuquén y Río Negro contra los luchadores populares y contra el pueblo mapuche, en función de resguardar los intereses de los Lewis, los Benetton y compañía. Es justamente lo que denunció en conferencia de prensa la abogada.  

Es necesario reforzar la lucha contra la persecución y criminalización de los luchadores y del pueblo mapuche y derrotar la avanzada represiva de Macri y los gobernadores.