Algunos expertos “en derecho” cuestionan que la ley declarando nulas las leyes de Obediencia Dediba y Punto Final pueda tener efectos hacia atrás en el tiempo, violando el principio de que nadie puede ser procesado por leyes posteriores al hecho enjuiciado. Pero la cosa no es como se la presenta. Fueron el Punto Final y la Obediencia Debida las que se aplicaron retroactivamente, ya que los instrumentos legales vigentes en 1976 bastaban para poner a los genocidas entre rejas de por vida (Código Penal). No hay ningún problema de “leyes” para juzgar y castigar a los genocidas. Lo que sí hay es un régimen de charlatanes en derecho y democracia empeñados en utilizar triquiñuelas jurídicas para mantener la amnistía a los torturadores y asesinos. En esta camarilla de “juristas” hay que destacar a la legión que ha salido a decir por todos los medios que el Congreso no puede nunca declarar la “nulidad” de las leyes. No sea cosa que a alguien se le ocurra, por ejemplo, “anular” las leyes de las privatizaciones. La “seguridad jurídica” es, así, una cuestión de Estado, el Estado de los explotadores, entreguistas y… aministiadores.