En las últimas horas, y pese a la oposición del fiscal que interviene en su causa, el policía federal Nicolás Rendichi fue puesto en libertad

Hace poco más de un mes, el día 30 de mayo, Rendichi había asesinado brutalmente al joven Lucas Barrios, de 18 años, a metros de la cancha de San Telmo (en la Isla Maciel, en el partido bonaerense de Avellaneda). El efectivo le vació el cargador y hasta le disparó la bala de la recámara a Barrios, que perdió la vida en el Hospital Fiorito tras recibir un total de 18 impactos.

El hecho se produjo luego de que Rendichi coordinara con Barrios la compra de una consola PlayStation vía redes sociales. Según la versión del agente, el día de los hechos llegó a la calle Pinzón al 1500, se bajó de su auto particular en el cual lo acompañaba su hermano y se encontró con Barrios, que le pidió que lo siga en un pasillo. A la brevedad habría aparecido un tercero, armado, que en presunta complicidad con el vendedor de la consola se aprestó a robarle. Allí el efectivo desenfundó su arma reglamentaria, lo que motivó que el tercero en cuestión efectuara “al menos 4 disparos”. Pero en los hechos, Rendichi disparó todas las balas que tenía a Lucas Barrios.

Desde el primer momento, la versión del policía fue por demás incongruente. En primer lugar, claro que no pudo explicar por qué la víctima mortal fue Barrios. Pero tampoco por qué llevaba consigo el arma reglamentaria si no se encontraba desempeñando funciones. Tras los sucesos, Rendichi acudió por sus propios medios a la comisaría primera de Avellaneda a denunciar intento de robo, tras lo cual quedó detenido y bajo indagatoria por disposición del fiscal Elbio Laborde de la UFIJ descentralizada número 3 del distrito, caratulando la causa como homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego.

Pese a la oposición del Laborde, ahora ha sido puesto en libertad por disposición de la jueza de Garantías Brenda Madrid, que modificó la carátula del caso a homicidio con exceso en la legítima defensa, un delito más leve.

El padre de la víctima, David Barrios, hizo una serie de declaraciones al respecto. En primer lugar, denunció que se está tratando de dejar el crimen “en la nada”. Pero agregó también que él se encontraba trabajando a 30 metros del lugar de los hechos, y ratifica que no hubo enfrentamiento, sino que todas las detonaciones provinieron del arma del policía. Peor aún, que primero le disparó a su hijo reiteradamente en la pierna, destrozándole el hueso, ante lo que había quedado inmovilizado y reducido. No obstante, Rendichi se dirigió a su auto, del cual volvió a bajar posteriormente para darle el último disparo, en el pecho, a Barrios. Todo mientras personas presentes en el lugar le gritaban incesantemente que deje de disparar (Télam, 4/7)

Se hace notorio entonces que la liberación de Rendichi y el cambio de carátula de la causa apuntan a garantizar una impunidad escandalosa. Y esto no es casual. Tan solo en las últimas horas se produjeron en el país la represión en Mendoza a municipales y dirigentes sindicales, un caso de gatillo fácil en Córdoba y la represión a vecinos de La Plata que protestaban ante un prolongado corte de luz con perdigones y balas de goma.

Hay indudablemente un crecimiento feroz de la violencia policial y el gatillo fácil, que es consecuencia directa del reforzamiento del aparato represivo del Estado. Montados en el control de la cuarentena, tanto el gobierno nacional como gobernadores e intendentes -inclusive de provincias y localidades donde la misma ya no rige tan estrictamente- han acrecentado el despliegue de la presencia policial, que actúa con una brutalidad cada vez mayor.

Mientras la crisis se agudiza, se delinea cada vez más claro un plan integral de descargar el peso de la crisis sobre las espaldas de los trabajadores y sectores populares -ataque a los ingresos jubilatorios, aguinaldo en cuotas para estatales y según la voluntad de las empresas en el sector privado, suspensiones, recortes salariales y despidos supuestamente prohibidos que no cesan.  Este auténtico plan de guerra no puede ser llevado a cabo sino a través de echar mano a las descompuestas fuerzas represivas del Estado, que envalentonadas siguen acumulando casos de gatillo fácil y abusos de todo tipo.

La lucha por acabar con el régimen del gatillo fácil es indisociable entonces de la lucha porque los trabajadores no paguen la crisis. Es por eso que el conjunto de los explotados del país tienen que erigir un programa propio de salida, donde el desmantelamiento del aparato represivo sea entonces una consigna de primer orden.