Ana María Sívori, esposa del dirigente del MTP Enrique Gorriarán Merlo, fue detenida en Rosario a mediados de setiembre después de un prolijo seguimiento policial. Trasladada a Morón, la justicia la encontró responsable de una larga lista de delitos relacionados con los episodios del cuartel de La Tablada y ordenó su prisión preventiva. La condena contra Ana María Sívori es, realmente, toda una “novedad” por cuanto hasta el presente —y pasados cinco años del copamiento del cuartel— “jamás figuró en la causa, nunca fue imputada, no figura en los listados de Interpol y nunca pesó sobre ella ningún pedido de captura” (Página 12, 16/9). La conclusión elemental es que la “larga lista de delitos” ha sido simplemente fraguada para justificar, a posteriori, el seguimiento y el encarcelamiento. A Sívori, incluso, se le negó el derecho constitucional de ser asistida por un abogado en el juicio, ya que el abogado Norberto Olivares, que se presentó en el juzgado para asumir la defensa de la detenida, fue rechazado por la jueza de instrucción.

La detención de Ana María Sívori ha servido para poner en evidencia la existencia de una red oficial  del espionaje que actúa con el nombre de “Protección del Orden Constitucional” (POC). Sívori fue detenida en Rosario “tras un seguimiento de varios días … la esposa de Gorriarán había llegado a Rosario a visitar a su madre, internada en el Instituto San José … El trabajo de inteligencia había detectado la situación en que se encontraba la madre …”. El espionaje oficial contra el movimiento obrero y popular ya no se limita a los militantes sino que se extiende, como puede verse, a sus familiares incluso cuando son viejos y están enfermos.

Las “irregularidades” jurídicas cometidas contra Ana María Sívori —que son sistemáticas cuando de perseguir a militantes populares se trata— son apenas la continuidad de la enorme aberración jurídica que fue el “proceso” a los presos del MTP. Basta mencionar que los jueces se negaron a recibir las denuncias de los acusados acerca de la desaparición de militantes del MTP, del asesinato de militantes que se entregaron con vida, y que fueron consideradas válidas las declaraciones arrancadas por los servicios de inteligencia, para demostrar la completa nulidad jurídica del “proceso”.

La libertad de Ana María Sívori y de los militantes encarcelados del MTP es un reclamo de estricta democracia.