Libertad a los presos de Bariloche

Luego de más de 20 días de ocurridos los saqueos en un supermercado en Bariloche el juez de instrucción Ricardo Calcagno1 ordenó la detención de seis integrantes de la cooperativa de trabajo 1º de Mayo, todos habitantes de El Alto.


El barrio más pobre de la localidad


Los hombres, Miguel Mansilla y José Paredes, fueron llevados a Viedma , a más de 500 kilómetros de Bariloche y han denunciado que se encuentran sin comida ni agua y en buzones de castigo desde que llegaron.


Mientras que las tres mujeres -Haydeé Grande, Catalina Lineros y Giselle Poblete- fueron llevadas a General Roca, distante 470 kilometros de donde se encuentran sus familias, entre las que se encuentra un bebé que aún toma el pecho.


Todos los detenidos pertenecen al Frente de Organizaciones de Base (FOB) que, en un reciente comunicado, denuncia al conjunto de los gobiernos provinciales municipales y nacionales y se considera independiente de todos ellos.


El día siguiente a los saqueos,, más de veinte días antes de las detenciones, se produjeron, con la colaboración de la Gendarmería, 37 allanamientos en El Alto, sin que se produjera ninguna detención, pero sí denuncias de los pobladores sobre la ilegalidad de la medida e incluso robos en las viviendas por parte de las fuerzas de seguridad.


Las detenciones, demoradas hasta el inicio de la ofensiva destituyente contra el intendente, coinciden cronológica y políticamente con la conspiración política ordenada desde la Casa Rosada contra el intendente Omar Goye.


Desde las oficinas de Cristina Kirchner se urdió el plan que desarrollaron el gobernador y el senador Pichetto para destituir al intendente como parte de la pelea de las camarillas capitalistas que disputan la provincia y para dejar en pie el ajuste contra las masas, que Goye ya no puede cumplir.


El armado de una causa contra los compañeros de la 1º de Mayo es claramente parte del plan oficial, ¿por qué no fueron detenidos inmediatamente después de los allanamientos? Los detenidos son el pato de la boda de una crisis política y social que supera ampliamente el episodio de diciembre.


El ajuste es el trasfondo


En una de las primeras y últimas medidas impulsadas por el difunto gobernador Soria, la Legislatura de Río Negro aprobó por mayoría el proyecto de ley de Emergencia institucional, económica, financiera, administrativa y social. Esta suponía el pase a disponibilidad de todos los empleados de la administración pública, generando el repudio y la movilización de los trabajadores en toda la provincia. La ley, finalmente, quedó en suspenso , pero dejó en claro la política de ajuste que impulsa el oficialismo y la crisis económica que envuelve a la provincia.


En Bariloche, al ajuste general se sumó el incumplimiento de los acuerdos de trabajo para cooperativas y de ayuda social, a los que se habían comprometido todas las fracciones oficialistas, desde los que responden al viejo PJ de Pichetto, Soria y Goye, hasta los “evitistas” del “Indio” Paillalef, ministro de desarrollo social del gobernador Weretilneck, y la Alicia Kirchner, impulsora del programa de cooperativas “Argentina Trabaja” del que la 1 º de mayo era beneficiaria.


Que ahora todos se hagan acusaciones cruzadas acerca del uso de los abundantes fondos que reparten para obras que ellos mismos aprueban, habla sólo de su calaña.


La respuesta a esta crisis social, que produjo réplicas en cuarenta ciudades en todo el país, no fue atender los graves problemas sociales que quedaron de manifiesto, sino incrementar la represión.


La crisis política es el trasfondo del ajuste que envuelve a todas las provincias, y que no atiende las demandas sociales y las condiciones de vida de los trabajadores y desocupados.


Que intervenga el pueblo de Bariloche: Asamblea Popular


El Partido Obrero denuncia que el golpe de Estado contra Goye, a quien no corresponde brindar ningún tipo de apoyo, porque está al servicio de la política de ajuste.


Es necesario que el pueblo de Bariloche intervenga en esta crisis y delibere sobre una salida independiente del conjunto de camarillas que gobernaron y gobiernan la provincia. Proponemos que esa deliberación tome la forma de  una Asamblea Popular que rescate los intereses del pueblo de la manipulación de las camarillas.


Al servicio de esta deliberación el Partido Obrero pone en consideración un programa de emergencia:


Libertad inmediata de los detenidos, abajo la criminalización de la pobreza.


Por la entrega inmediata de ayuda alimentaria a quienes lo necesitan; el empadronamiento de desocupados y la entrega de un subsidio equivalente al 80 por ciento de la canasta familiar.


Trabajo para los desocupados. Puesta en marcha de un plan de obras públicas y viviendas en barrios afectados. Todo bajo control de beneficiarios con representantes electos en los barrios.


Por la eliminación de los impuestos al consumo, la restitución de las asignaciones familiares y un salario igual a la canasta familiar. Repudiamos enérgicamente los allanamientos ilegales y las detenciones de los cinco compañeros de la cooperativa 1º de Mayo y llamamos a unir la inquietud popular con el programa y la organización de la izquierda revolucionaria. Por una alternativa política de los trabajadores.


 


(*) El juez de Bariloche Ricardo Calcagno fue apartado de la causa por encubrir a los policías involucrados en la causa que investiga la muerte de Guillermo Garrido, un joven vecino que apareció colgado con su cinturón en un calabozo de una comisaría de Bariloche, donde había sido ingresado minutos antes por una contravención vehicular.

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