Por la mañana del sábado 30, fue detenido en la ciudad uruguaya de Chuy Sebastián Romero, el militante del PSTU perseguido desde el 18 de diciembre de 2017, cuando participó de la movilización al Congreso para rechazar el robo a los jubilados. Ahora se aguarda su extradición al país.

El exdelegado de la planta de General Motors de Santa Fe estaba prófugo y con pedido de captura nacional e internacional por los delitos de intimidación pública y resistencia a la autoridad, tras haber sido filmado tirando fuegos de artificio de venta libre mientras la Policía Metropolitana reprimía a mansalva contra los manifestantes, dejando decenas de heridos, para garantizar la sanción de la reforma antijubilatoria impulsada por el gobierno de Mauricio Macri y pactada con los gobernadores del PJ.

En un operativo comandado por Patricia Bullrich y el gobierno porteño, la policía no solo hirió a quienes se habían concentrado frente al Congreso, hiriendo gravemente y hasta haciendo perder el ojo a varias personas, sino que además desplegó una verdadera cacería y brutal represión contra transeúntes. La ferocidad del accionar policial y la tenacidad de la persecución contra Romero buscaban ser aleccionadoras contra el movimiento obrero y popular que rechazó aquel robo de 100.000 millones de pesos contra los jubilados. Fue también la función de las detenciones y las cusas contra César Arakaki, Dimas Ponce y Daniel Ruiz (quien permaneció más de un año preso).

Sin embargo, la multitud de cacerolazos que se replicaron en todo el país por la noche de ese 18 de diciembre mostró que el pueblo argentino respaldaba a los manifestantes y repudiaba la represión. De hecho, el gobierno de Macri debió, tras esas jornadas, mandar al freezer su proyecto de reforma anitlaboral que había pactado ya con la burocracia de la CGT.

El hecho de que la causa contra Sebastián Romero siga en pie debe llamar la atención de los trabajadores. Su función sigue siendo la misma, amedrentar al movimiento obrero cuando se está perpetrando un nuevo robo a los jubilados, imponiendo ajustes por debajo de la movilidad establecida por esa ley de diciembre de 2017. El gobierno de Alberto Fernández busca curarse en salud.

Romero debe quedar en libertad y poder reencontrarse con su familia. Son Bullrich y los efectivos de la brutal represión quienes deberían ser investigados y juzgados por sus atropellos contra el pueblo. Vamos por su desprocesamiento, y el de Arakaki y Ruiz. Basta de presos por luchar.