Roberto Macho, Adriana Iranzo y varios activistas de ATE Mendoza fueron detenidos el 2 de agosto. Las aprensiones tuvieron lugar mientras realizaban una asamblea, en la calle Bandera de Los Andes, frente al Hospital Humberto Notti. La explicación es no se habrían presentado para ser imputados por el artículo 194 del Código Penal. El juez que les determina la prisión dictaminó sin juicio previo. Este accionar, en el medio de una negociación paritaria, es la búsqueda por amedrentar a quienes relaman por salarios, al mismo tiempo que criminaliza la actividad sindical.

Esta situación de clara violación de las libertades democráticas no debe ocultar que esta dirección sindical ha sido hasta ahora el garante de paritarias a la baja durante todos los años de gobierno de Cambia Mendoza. Esto le brindó el cuidado policial del fraude con el que entrono en la dirección de ATE.

El salto represivo busca el eslabón mas débil. El rol de Macho, además de cómplice del ajuste, ha sido el de desautorizar y deslegitimar la acción sindical de los trabajadores, con métodos de patota, violencias de todo tipo, e incluso con condena judicial. También con afiliaciones compulsivas, malversación de fondos y negocios con aseguradoras son su marca personal. El desvió de fondos sindicales a sus cuentas personales es evidenciado en un nivel de vida ostentoso y propio de un millonario. La defensa de las libertades democráticas y los luchadores no puede confundir los tantos.

La escalada represiva no empezó ayer

La escalada represiva data de varias semanas atrás y ahora se profundiza a la luz de una creciente rebeldía entre los trabajadores, impulsada por la necesidad de recomponer el salario para poder vivir.
La militarización de ATM frente a las asambleas del Sitea, la represión contra los profesionales de la salud y la publicidad paga por el gobierno contra todo reclamo popular fueron los primeros pasos.

Hace algunos días Víctor da Vila, referente del Frente de Izquierda, fue nuevamente imputado por acompañar una jornada de lucha por trabajo genuino. En el expediente es citado en varias oportunidades como “dirigente político”, y va lejos en las consideraciones que dan fuera a la denuncia de una persecución política por su rol de dirigente político abiertamente opositor al gobierno de Rodolfo Suárez y de Alfredo Cornejo antes.

El hostigamiento a dirigentes sindicales involucra a nuestra compañera Raquel Blas, que fue nuevamente imputada por la movilización masiva ocurrida en el primer día del gran docente. Junto con ella varios dirigentes sindicales de distintas organizaciones obreras.

Tenemos una nueva “tandas” de imputaciones a dirigentes de la Unidad Piquetera, la mayoría compañeras de la dirección del Polo Obrero, varias suman su segunda imputación.

Finalmente, la policía de Mendoza reprimió a familiares de las víctimas de femicidios en Maipú y Rivadavia, para luego imputar y en algunos casos detener, como es el caso de compañeras de nuestra organización.

Derrotemos la ofensiva represiva

La criminalización de la protesta es la única respuesta que tiene el gobierno provincial frente a múltiples reclamos populares como el salario, el trabajo, el alimento o el acenso algebraico de los femicidios. Con el Código Penal en la mano y la manipulación de la Justicia pretende esconder una realidad social y política explosiva. Por este camino solo lograrán agudizar las tensiones sociales.

Reclamamos la libertad inmediata de todos los presos por acciones de lucha, el desprocesamiento inmediato en todas las causas generadas por acciones directas en reclamo de reivindicaciones populares. El fin de la persecución política para nuestro compañero Víctor da Vila y todos los perseguidos políticos.

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