El juez Oyarzún confirmó la detención de Martín Méndez y Jorge Moreno, obreros del ingenio Tabacal con más de 15 años de antigüedad. La detención reafirma una línea de la empresa y del poder político nacional y provincial, que han militarizado los pueblos de Orán e Hipólito Yrigoyen para garantizar los despidos masivos en el ingenio. 



El juez ha confirmado ahora la medida que había sido dispuesta por la fiscal del caso y que supone que Méndez y Moreno puedan estar todavía hasta 15 días más detenidos por luchar. Se trata de una decisión política de mantener como rehenes a compañeros con una amplia tradición de lucha, como muchos de los 180 trabajadores que integra la lista de despedidos por la Seaboard Corporation-Tabacal.

Que se usa a los detenidos para amedrentar la lucha queda de manifiesto también en la propia actitud del juez federal Montoya, quien, emulando a los directivos de Tabacal, llamó esta mañana en conferencia de prensa a los trabajadores en actividad a no unirse al reclamo. Lo propio hizo la Seaboard, quien en su comunicado de hoy advirtió a los obreros sobre las consecuencias negativas de sumarse a la lucha. Otro aspecto pérfido de esta reacción patronal lo constituye la batería de difamaciones contra Méndez y Moreno, a los que se presenta como “terroristas” en los medios oficiales, a través de fotos y testimonios falsos. Intentan debilitar el fuerte apoyo del pueblo de Yrigoyen a los trabajadores. 



La preocupación de la empresa y la justicia tiene que ver con que la asamblea obrera del día domingo votó, terminada la conciliación obligatoria, proponer un paro por tiempo indeterminado, uniendo la lucha de despedidos, trabajadores en actividad y trabajadores que todavía no se incorporan a la zafra. Seaboard y el poder político están a toda máquina en una campaña para dividir esa fuerza obrera.

Por estas horas se discute una movilización al juzgado del doctor Oyarzún y la posibilidad de un paro por tiempo indeterminado. Apoyamos incondicionalmente la lucha de los obreros de Tabacal contra los despidos, el ajuste y la criminalización de la protesta sindical.