Logramos que los condenen por genocidas

Luego de un extenso juicio oral, en el que se investigaron los hechos ocurridos sólo en el año 1977 en el campo de concentración La Cacha, el Tribunal Oral Nº 1 de La Plata dictó sentencia el pasado 24 de octubre. El marco estuvo dado por una gran movilización de organismos de derechos humanos y organizaciones políticas, sindicales y estudiantiles independientes, que levantaron las consignas "la justicia es del pueblo, no de los gobiernos" y "fuera Milani, Berni y Granados". Se produjo una disputa por la esquina del tribunal, donde históricamente se ha movilizado la izquierda, con los organismos del gobierno, quienes querían ocupar nuestro lugar con todo el aparato del Estado, pero finalmente tuvieron que trasladarse a una cuadra del tribunal.


 


Desde la querella de Justicia Ya! de La Plata, representada por Apel a lo largo de todo el juicio, solicitamos la pena de prisión perpetua para los acusados por ser coautores del delito de genocidio. Asimismo, solicitamos el cambio de calificación por veinte casos de homicidio, ya que el tribunal sólo hizo lugar a lo casos de los asesinatos de Laura Carlotto -hija de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo- y Olga Noemí Casado, y también el cambio de calificación por delitos sexuales. Tanto los homicidios probados de los compañeros asesinados como los delitos sexuales perpetrados en el campo, cuya ampliación fue solicitada solamente por la querella representada por Apel, fueron rechazados por los jueces en su veredicto, "por no pertenecer al objeto procesal de la causa".


 


Logramos que el tribunal condenara a 15 genocidas a prisión perpetua por los delitos cometidos, no "en el marco" de un genocidio, sino como cómplices directos del mismo. Entre ellos, al ex director de investigaciones de la policía bonaerense, Miguel Etchecolatz.


 


Casi cuatro décadas después


Otros represores recibieron penas menores. Este juicio llega 37 años después de los hechos, con dos genocidas muertos sin condena: nada más y nada menos que el ex gobernador de la dictadura Saint Jean y el jefe del Destacamento de Inteligencia 101, Arias Duval, en una causa fragmentada, plagada de irregularidades, que también dejó impunes a los cómplices de la Iglesia católica, los médicos policiales que falsificaron certificados de defunción para hacer pasar asesinatos por enfrentamientos, la prensa y los jueces que rechazaron habeas corpus -tres de ellos son actualmente docentes de la UNLP. Además dejó impunes a innumerables genocidas.


 


Los jueces tampoco hicieron lugar al pedido de revocación de tres prisiones domiciliarias realizada hace casi un año por la querella Justicia Ya!


 


Seguiremos luchando por cárcel común, perpetua y efectiva a todos los genocidas, por todos los compañeros.


 


Jorge Julio López, ¡presente!