El 20 de septiembre se cumplieron treinta años de la entrega del informe elaborado por la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas (Conadep) al gobierno de Raúl Alfonsín.

La comisión presidida por el escritor Ernesto Sábato recogió la denuncia de 9 mil casos de desaparecidos y los nombres de más de 700 represores. El informe final -compuesto por 50 mil fojas- se popularizó a partir de la versión de 300 páginas conocida como Nunca Más.

En la víspera del aniversario, algunos integrantes de la comisión participaron de un acto en la Facultad de Derecho donde, entre críticas al kirchnerismo, exaltaron el prólogo escrito por Sábato para el Nunca Más, en el que se proclama sin ambages la “teoría de los dos demonios”.

Por su parte, el kirchnerismo -que en 2006 incorporó un nuevo prólogo en el que se delimita de la “teoría de los dos demonios” y se exalta la política oficial de derechos humanos- inauguró una muestra en la ex Esma en la que se exhiben ficheros y gigantografías. Una completa vacuidad. Son tiempos de Milani y Berni, no de agitar controversias.

Conadep

La misión encomendada por el alfonsinismo a la Conadep -recibir denuncias y emitir un informe- apuntó desde el primer momento a cerrar el tema de las desapariciones y a sellar la “reconciliación nacional” con los masacradores. Para eso, excluyó de su conformación a Madres y Familiares. La Conadep estuvo integrada por personas que no jugaron ningún papel en las movilizaciones bajo la dictadura.

Sin embargo, las denuncias de familiares y sobrevivientes sobrepasaron los límites que pretendía el gobierno radical. La entrega del informe se realizó en el marco de una marcha multitudinaria a Plaza de Mayo -replicada en todo el país- en la que el radicalismo participó con una reducida columna. La UCR pretendía que fuera la ocasión de una manifestación de apoyo al gobierno, pero fracasó. Las 70 mil personas que se movilizaron aquel 20 de septiembre de 1984 reclamaban cárcel a los genocidas en todos los matices posibles.

Poco antes de la entrega del informe, el Senado de la Nación había votado el ascenso indiscriminado de centenares de militares que participaron de la represión. El argumento oficial era que no había pruebas contra ellos. Sin embargo, el gobierno de Alfonsín tampoco ordenaría encarcelar a los 730 represores identificados por sobrevivientes y familiares en sus denuncias ante la Conadep. Los militares no dejaron de mostrarse desafiantes ante un poder político que no quería saber nada con el juicio y castigo. Luego de la presentación del informe, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas emitió una proclama en la que reivindicó el genocidio. Los “pronunciamientos” carapintadas conducirían poco tiempo después a la sanción de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. En el Juicio a las Juntas, al cabo de dos años de proceso, fueron condenados sólo cinco de los nueve miembros que integraron las tres Juntas Militares. Fueron las únicas sentencias dictadas contra genocidas hasta que se derogaron las leyes de impunidad en 2003, veinte años después del “retorno de la democracia”.

Respecto de la política alfonsinista en aquellos años, Prensa Obrera caracterizaba que el gobierno estaba empeñado “en provocar la mayor desmoralización política de las masas”. “Es el paso necesario para imponer la amnistía”, decíamos entonces. Los indultos de Menem, algunos años más tarde, pretendieron rematar la tarea.

Hoy

Fue la persistente movilización popular contra tres décadas de maniobras de impunidad por parte de los gobiernos constitucionales la que arrancó los juicios a los genocidas. Los partidos de la burguesía se llenan la boca hablando de “memoria, verdad y justicia” ahora, cuando el tiempo transcurrido atenúa su impacto político.

En 2003, los bloques parlamentarios mayoritarios aprobaron la anulación de las leyes de impunidad para evitar la extradición de represores a países que los reclamaban para juzgarlos. Para apoyar el proyecto presentado por la entonces diputada Patricia Walsh, los K pusieron como condición que se eliminara del articulado la anulación de los indultos -que hubiera significado el encarcelamiento inmediato de Videla, Massera y Agosti- y lo lograron.

Desde entonces, al cabo de una década, fueron juzgados 2.500 casos y dictadas medio millar de condenas contra un número mucho menor de represores. Los juicios se desarrollan a cuentagotas y sólo un puñado de genocidas cumple prisión común y efectiva. A partir de un reciente fallo de la Corte Suprema, muy probablemente se generalizará para todos ellos el beneficio de la prisión domiciliaria.

Los nombramientos del genocida Milani y del carapintada Berni marcan nuevamente la hora de la “unidad nacional”: apuntan a quebrar la resistencia obrera y popular contra el ajuste que demanda el capital financiero internacional para socorrer a la bancarrota argentina.

Sólo un gobierno de trabajadores podrá proclamar un verdadero “Nunca Más” y hacer justicia por todos los crímenes y atropellos contra el pueblo que involucran al Estado capitalista.