La Corte Suprema ordenó reabrir la investigación sobre las desapariciones de José Alejandro Díaz e Iván Ruiz, dos de los militantes del Movimiento Todos por la Patria (MTP) que participaron del asalto al regimiento de infantería de La Tablada, ocurrido del 23 al 24 de enero de 1989. En rigor, los jueces ordenaron cumplir un dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ,que consideró en 1997 al Estado responsable y “recomendó” investigar los hechos.

 

La sala I de Cámara de Casación Penal había declarado prescripto el caso y sobreseído a los militares acusados, Alfredo Arillaga y Jorge Varando, dos de los responsables de la masacre contra el grupo del MTP. El fallo de la Corte llega 26 años después y ahora se reabrirá una causa judicial que seguirá un derrotero de varios años más. 

 

La causa contó desde su inicio con un testimonio inapelable. Díaz y Ruiz fueron retratados por el fotógrafo Eduardo Longoni cuando se rendían desarmados ante comandos del Ejército. Nunca más se supo de ellos. No fueron los únicos casos. También permanecen desaparecidos Carlos Samojedny y Francisco Provenzano. Los sobrevivientes denunciaron los fusilamientos sumarios de Berta Calvo, Pablo Ramos y Jorge Baños, y todo tipo de torturas cuando fueron detenidos. En la “recuperación” de La Tablada, el Ejército y la policía ejecutaron todo el repertorio de los métodos de la “guerra sucia”. Durante cuarenta y ocho horas, tres mil efectivos militares y policiales se ensañaron contra medio centenar de izquierdistas mal pertrechados que intentaron rendirse varias veces. En cambio, ninguno de los levantamientos carapintadas contra el gobierno de Alfonsín fue reprimido.

 

El MTP buscaba una acción propagandística “espectacular” para impulsar un programa completamente democratizante. Los militares explotaron la oportunidad para recuperar peso político. Alfonsín respaldó a los ejecutores de la masacre, ratificando su desembozado militarismo. Su gobierno se desmadraba y buscaba desesperadamente un punto de apoyo en el ejército frente al deterioro irremediable de la situación política y social (el “operativo Milani” del gobierno K expresa, en su medida, una ilusión política similar).

 

Las denuncias de las atrocidades cometidas por los militares durante la “recuperación” del cuartel sólo encontraron eco, en su momento, en el Partido Obrero, Madres de Plaza de Mayo y pocos más. En cambio, los partidos de la “democracia”, incluida Izquierda Unida, compitieron en el repudio a los masacrados. Otros grupos, como el PTS, reclamarían una “comisión investigadora” recién un mes después de la represión.

 

Por lo pronto, el cumplimiento de la “recomendación” de la CIDH -un organismo de la OEA- no afecta la doctrina de la Corte Suprema actual, la cual considera que jurídicamente no pueden existir crímenes de lesa humanidad bajo el Estado de derecho. 

 

Arrillaga fue condenado en 2013 por su participación en la “Noche de las Corbatas” y otros crímenes de la dictadura militar. Varando, por su parte, estuvo imputado por el asesinato de Gustavo Benedetto, cometido en las cercanías de Plaza de Mayo durante la represión del 20 de diciembre de 2001.

 

La masacre de La Tablada es una hipoteca irrevocable de la “democracia” argentina.

 

Juicio y castigo a todos los culpables.