El juez Sergio Torres, días después de ordenar la detención de Daniel Ruiz, militante del PSTU, se expidió sobre la situación procesal de las 69 personas detenidas el 18 de diciembre procediendo al sobreseimiento de 58 de ellas, llamando a indagatoria a nueve y siguiendo la investigación sobre otras tres.

Asimismo, con esta resolución queda en evidencia que las detenciones en el marco de la movilización fueron el resultado de la represión ejercida por las fuerzas de seguridad, lo que llevó a reconocer al propio juez que la mayoría de las actas policiales fueron redactadas con descripciones genéricas, sin la menor referencia a un hecho, lugar y momento concreto, lo que implica “un serio compromiso de las garantías constitucionales”.

Pero en un grado de perfidia tal que deja al desnudo la finalidad del poder judicial en general y de Torres en particular, en consonancia con la política del gobierno macrista de represión de las movilizaciones populares, el juez dicta nuevos pedidos de indagatoria para fundar la teoría de la existencia de “grupos minoritarios violentos”, que desviaron su objeto lícito. En palabras de Torres, “el objeto de la movilización se vio desvirtuado por la acción de grupos de individuos que derribaron los vallados de contención, detonaron explosivos y pirotecnia agredieron al personal policial y provocaron daños de gran entidad, además de un clima de desconcierto y caos general”. Lo cierto es que, a lo sumo, alguno de los imputados ha tirado piedras o pirotecnia para defenderse,en el marco de una manifestación de miles de personas, de la agresión policial. La represión que el mismo Torres condena como “un serio compromiso de las garantías constitucionales” fue planificada por el gobierno para “blindar” una sesión parlamentaria que debía tratar el desfalco previsional, y que estuvo preanunciada en la cacería que Gendarmería desarrolló en los alrededores del Congreso cuando se frustró la sesión del 14 de diciembre.

La construcción de la existencia de un grupo minoritario que alteró el carácter pacífico de una movilización persigue la finalidad de agravar la situación procesal de los imputados con el delito de intimidación publica, y demonizar la acción de los partidos y movimientos organizados que asistieron a esta movilización, de los cuales se ha buscado señalar en particular miembros de los partidos de izquierda, en general y del Frente de Izquierda en particular.

En contrapartida, levanta otro “demonio” en la cabeza de una fuerza policial que se excede en forma personal y por no contar con un “adecuado protocolo para este tipo de movilizaciones”, un comentario exculpatorio de la agresión policial, que incluyó personal infiltrado de civil.

Absolución inmediata de Cesar Arakaki y Dimas Ponce.

Libertad a Daniel Ruiz.

Cierre inmediato de todo el expediente judicial.