Sesenta días pasaron desde la denuncia que realizaron organismos de derechos humanos y abogados laboralistas sobre las acciones de vigilancia cumplidas por la gendarmería hasta que la misma fuerza admitió las tareas ilegales de inteligencia que realiza. "Hace dos meses presentamos un escrito planteando una denuncia sobre la Gendarmería para que la justicia investigue sus tareas de inteligencia -explica Myriam Bregman, abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh). (…)

La Gendarmería reconoció que tenía un listado propio llamado Proyecto X', el cual "les permitiría cruzar nombres con organizaciones que podían ser ilegales, legales, terroristas, desconocidas o delincuenciales". La base de datos de nombre oscuro revela un aparato de inteligencia ilegal que desarrolla la fuerza comandada por la ministra Nilda Garré, el que tiene un rol activo en la vigilancia de activistas obreros, entre otros. Una situación preocupante, ya que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner acaba de promulgar una ley Antiterrorista -cuyo fin más evidente es el de castigar y prevenir la protesta social.

No hay que olvidar que el requerimiento realizado por los organismos de derechos humanos surgió debido a las sospechas sobre esta inteligencia ilegal que se percibió por las actividades realizadas en los núcleos fabriles de Zona Norte y en los conflictos operarios que habían surgido -en especial el de la huelga y ocupación de la empresa alimenticia estadounidense Kraft.

"Un organismo de esa naturaleza es completamente ilegal e inconstitucional -señala el abogado Juan Carlos Capurro, presidente del Comité de Acción Jurídica y vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos (…) si le hubiera sido encomendada por el Ministerio de Defensa o del Interior, la ministra o el ministro deberán dar explicaciones sobre el organismo de inteligencia y control de los ciudadanos". (…)

En el mismo tribunal, Gendarmería informó que su oficial Elisabeth Calisaya "informó los resultados de la compulsa realizada en forma encubierta y de consulta a las bases de datos abiertas, efectuadas sobre las personas de interés". Más adelante, la declaración oficial continúa revelando el accionar de inteligencia de Calisaya. La oficial "pudo observar que había tres personas, claramente identificables, que evidenciaban ser los cabecillas dando indicaciones a los manifestantes y siendo entrevistados por medios periodísticos que allí se manifestaban. Por tal motivo, encontrándose la dicente vestida de civil se entremezcló con la multitud, de manera encubierta y comenzó a recabar los datos de las personas en cuestión, preguntando entre las personas que se manifestaban el nombre de los cabecillas, obteniendo los datos de los imputados Gentile, Norniella y Coria".

La gendarmería señaló que tenía una confusión respecto a los nombres de los manifestantes del conflicto de Kraft vigilados, pero que "lo aclaró a través de la base de datos con que cuenta la fuerza en la cual se desempeña". Esa base de datos sería el oscuro Proyecto X.

El gendarme Carlos Christian Sanabria reconoce haber identificado a Néstor Pitrola y Vilma Ripoll, que apoyaban la huelga de Kraft, y que individualizó a Ramón Bogado y Javier Hermosilla, "quienes ocupan cargos gremiales en la empresa de marras, respecto a quienes no pudieron obtenerse fotografías". Todos los mencionados, junto a varios otros activistas obreros de Kraft, enfrentan hoy embargos sobre sus escasos bienes y causas judiciales que persiguen la protesta social. El juez Mariano Rearte, que lleva adelante la causa contra los manifestantes, le otorgó estatus de prueba a los pedidos de la presidenta Fernández que reclamaban que acaben los cortes de ruta. Su inclusión como prueba señala el operativo conjunto entre el poder ejecutivo y el judicial para enfrentar la protesta social. (…)

¿Es el Proyecto X una base de datos que podrá ser usada por el gobierno y el poder judicial en el marco de la aprobación de la ley Antiterrorista? La previsión de un aumento de las tensiones sociales y laborales, en un marco de ajuste kirchnerista, podrían provocar un uso profuso de la represiva ley. Baste recordar que en estos días veinte, manifestantes antimineros en Catamarca fueron procesados bajo el marco de esa legislación. La base de datos Proyecto X adquiere, en este contexto, un carácter no sólo ilegal, sino peligroso para la seguridad y resguardo de las libertades democráticas del activismo obrero.