La primera misión del procurador interino Eduardo Casal fue ordenar la creación de una estructura especial en el Ministerio Publico Fiscal para combatir al “terrorismo”.

De este modo, se pone en marcha una aspiración del gobierno que no pudo materializar en 2016 mediante la ley de reforma del Ministerio Público, donde planteaba la formación de una Sub Procuración contra el Terrorismo. En su momento, los diputados del FIT denunciamos los intereses del gobierno de Estados Unidos detrás de este proyecto.

La resolución PGN 3544/17 ordena la creación de una estructura dedicada “a facilitar y elaborar una estrategia institucional contra el extremismo violento y el terrorismo internacional”. En sus considerandos, la resolución plantea de manera general “la grave amenaza que el terrorismo internacional representa para la paz y la seguridad de las naciones ha sufrido un notorio incremento en los últimos años”. Asimismo, enmarca jurídicamente a este órgano en los tratados suscriptos por el país con el Consejo de Seguridad de la Organización Naciones Unidas en 2001 y las sucesivas leyes antiterroristas aprobadas, fundamentalmente durante los gobiernos kirchneristas.

Esto ocurre al mismo tiempo que el gobierno agita la existencia de un supuesto grupo terrorista mapuche denominado “RAM”, que ninguna organización ni comunidad mapuche revindica e incluso se descree de su existencia. Abundan las sospechas, en cambio, de que las quemas en estancias y las pintadas de RAM han sido obra de los servicios de inteligencia para justificar la escalada de militarización y violencia actual contra los mapuches en la Patagonia Argentina. Patricia Bullrich dejó claro en su conferencia de prensa tras el asesinato de Rafael Nahuel que “la RAM es un nombre genérico de grupos que actúan violentamente. RAM es como un nombre pero puede haber otro grupo que se llame de otra manera”. E insistió en que desde el Gobierno “se pone en el RAM a todo aquel grupo que no respeta la ley”. Asimilar esa definición a cualquier grupo que se rebele ante los depredadores del medio ambiente, vaciadores de empresas y toda la calaña empresarial a la cual este gobierno está dispuesto a garantizarle la paz social, para aplicar el conjunto de leyes laborales, previsionales y fiscales que va aprobando.

Esta operación dirigida a apuntalar los intereses de los acaparadores de tierras, las petroleras y las mineras fue concebida en forma conjunta entre los gobiernos de Argentina y Chile, como puso de manifiesto el operativo de detención de Facundo Jones Huala.

Que el procurador interino debute ejecutando un objetivo estratégico del Poder Ejecutivo deja al desnudo la falsedad de la arenga de “independencia del Poder Judicial” en la persecución a Alejandra Gils Carbó, cuyo objetivo ha sido el de asegurar el total control político de la Procuración.

Redoblemos la movilización política contra esta escalada.

El 7, con todo a la ronda de las Madres junto al Encuentro Memoria Verdad y Justicia.

Por Santiago Maldonado y por Rafael Nahuel. Abajo la militarización de la Patagonia. Abajo las “leyes antiterroristas”. Fuera yanquis de América Latina.