A diez años de la desaparición forzada de Luciano Arruga, seguimos exigiendo justicia. El sábado 26 de enero lxs familiares y amigxs realizamos una marcha desde General Paz y Mosconi hasta la plaza donde Luciano alguna vez jugó. La movilización pasó por el acampe de los obreros de Interpack, en lucha contra once despidos.

Un recorrido por el caso

El 31 de enero de 2009 la policía Bonaerense secuestra a Arruga y lo tortura hasta matarlo. Meses antes de su asesinato, Luciano había sido amedrentado por la policía por haberse negado a delinquir para ellos en las zonas liberadas. Ese mismo año se realizó una movilización masiva con organizaciones de izquierda y combativas poniendo el caso de Luciano como referencia ante los casos de gatillo fácil en el país, uniendo a todas las familias que ejemplificaban la misma situación.

El 17 de octubre del 2014 se halló su cuerpo enterrado como NN en el cementerio de Chacarita. A raíz del hallazgo, el juez Juan Pablo Salas tomó una serie de medidas: declaraciones, la intervención de médicos forenses y una reconstrucción de los hechos en el lugar en que se presume que murió. La versión oficial termina afirmando que murió atropellado, en circunstancias no precisadas.

Con el hallazgo del cuerpo, se puso de manifiesto una cadena de encubrimiento y negligencia criminal que mantuvo a un desaparecido en “democracia” durante casi seis años. No tardaron en resonar declaraciones funestas de funcionarios públicos cuya responsabilidad es ineludible. Son los jefes de la policía que secuestró, torturó y asesinó a Luciano Arruga. Ricardo Casal, ministro de Justicia de Scioli, afirmó que "parece ser un caso hospitalario", es decir, un error administrativo por el que un joven, buscado desesperadamente por su familia, se convirtió en un NN. Jorge Telerman, el vocero del gobierno de la provincia, se lamentó por "los hechos ocurridos con Luciano Arruga en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", pues se presume que fue atropellado en la avenida General Paz, mano Capital. En la órbita nacional, tanto Martín Fresneda, a cargo de la cartera de Derechos Humanos, como la presidenta Cristina Fernández, decidieron mantener un silencio cómplice. El gobierno intentó ocultar que Luciano tiene una historia que remite a las peores prácticas de la Policía Bonaerense, que lo hostigó, amenazó y persiguió hasta el momento de su muerte.

Además de la causa por "desaparición forzada", hay una investigación abierta por "torturas" por una detención que sufrió Luciano en septiembre de 2008: policías de Lomas del Mirador lo mantuvieron en la cocina de un destacamento y lo torturaron durante horas. Vanesa Orieta, la hermana, explica que, cuando lo fue a buscar en aquella oportunidad, lo escuchó gritar, porque lo estaban matando a golpes. Por estos hechos fue juzgado y condenado el policía Julio Torales en mayo del 2015.

La convivencia del poder político con la podrida policía Bonaerense es absoluta. El "gatillo fácil" y las desapariciones forzadas de chicos y mujeres en comisarías o en connivencia con el Estado continúan en aumento. Las patotas de la policía se manejan con total impunidad, como lo confirman las amenazas sufridas por Pablo Pimentel y otros militantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza a raíz de su participación en la lucha por el esclarecimiento de los crímenes de Luciano y de Gabriel Blanco. Scioli y compañía hicieron caso omiso de las denuncias.

Reforzamiento del aparato represivo

Hoy Bullrich presenta un protocolo de gatillo fácil, se trata de una serie de medidas que respaldan a los miembros de las fuerzas de seguridad. La ministra lanzó el programa en un encuentro con once policías que habían sido acusados de cometer asesinatos en un plan de apoyo a los Chocobar que pueblan las fuerzas represivas. Además el gobierno nacional ha vuelto a la carga contra los menores, en el marco de un reforzamiento represivo contra la protesta popular y ante la necesidad de distraer a la población de la inflación, el ajuste y los despidos que no frenan.

El proyecto de ley que el oficialismo presentaría en febrero en el Congreso establece la baja de la edad de imputabilidad a los 15 años, y permite enviar a la cárcel a menores de entre 16 y 18 años si el delito cometido contempla una condena de diez o más años.

El edulcorante de la norma es que vendría con un programa de asistencia multidisciplinaria para los menores de 15 que cometieran delitos “para acompañar a los niños y evitar que desarrollen una carrera delictiva”. Parece una broma pesada por parte de quienes llevaron la pobreza de niños y adolescentes del país a más del 50%, cierran las escuelas nocturnas para jóvenes trabajadores y despiden y precarizan trabajadoras del área de Niñez y Adolescencia en suelo porteño y bonaerense.

Muy por el contrario, la norma refuerza el poder de coerción de las fuerzas federales, que podrán coronar con encarcelamientos la sistemática persecución contra los jóvenes (en particular en los barrios populares), y presionarlos con más recursos para que se integren a las múltiples actividades delictivas que llevan adelante los uniformados.

Abajo el gatillo fácil, Luciano Arruga presente.