A raíz del hallazgo del cuerpo del joven desaparecido desde enero de 2009, el juez Juan Pablo Salas tomó una serie de medidas: declaraciones, la intervención de médicos forenses y una reconstrucción de los hechos en el lugar en que se presume que murió. Luciano Arruga fue encontrado el 17 de octubre pasado, enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita. Su muerte había sido registrada como un accidente de tránsito. La lucha por justicia fue bandera de toda la izquierda durante los casi seis años de búsqueda encabezada por familiares y amigos, y la denuncia contra la policía por su secuestro y desaparición fue ratificada por todos los que vienen sosteniendo la causa. Hay una serie de avances que la familia elige mantener en secreto para preservar la investigación, pero la información que se desprende de ellos es contundente contra la Bonaerense. El 25 de noviembre, por otra parte, se confirmó que habrá juicio político contra las dos primeras fiscales, Roxana Castelli y Celia Cejas, y el primer juez de la causa, Gustavo Banco. Las medidas que tomaron los funcionarios judiciales consistieron en entregar la causa a la policía e investigar a la propia familia de Luciano durante un año y medio a través de escuchas telefónicas.

Con el hallazgo del cuerpo, se puso de manifiesto una cadena de encubrimiento y negligencia criminal que mantuvo a un desaparecido en democracia durante casi seis años adentro de las instituciones del Estado. No tardaron en resonar declaraciones funestas de funcionarios públicos cuya responsabilidad es ineludible. Son los jefes de la policía que secuestró, torturó y asesinó a Luciano Arruga el 31 de enero de 2009. Casal, ministro de Justicia de Scioli, afirmó que "parece ser un caso hospitalario", es decir, un error administrativo por el que un joven, buscado desesperadamente por su familia, se convirtió en un NN. Telerman, el vocero del gobierno de la provincia, se lamentó por "los hechos ocurridos con Luciano Arruga en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", pues se presume que fue atropellado en la avenida General Paz, mano Capital. En la órbita nacional, tanto Martín Fresneda, a cargo de la cartera de Derechos Humanos, como la presidenta Cristina Fernández, decidieron mantener un silencio cómplice. El gobierno intentó ocultar que Luciano tiene una historia que remite a las peores prácticas de la Policía Bonaerense, que lo hostigó, amenazó y persiguió hasta el momento de su muerte.

Además de la causa por "Desaparición forzada", hay una investigación abierta por "Torturas" por una detención que sufrió Luciano en septiembre de 2008: policías de Lomas del Mirador lo mantuvieron en la cocina de un destacamento y lo torturaron durante horas. Vanesa Orieta, la hermana, explica que, cuando lo fue a buscar en aquella oportunidad, lo escuchó gritar, porque lo estaban matando a golpes. Por esa detención está imputado y con prisión preventiva el policía Julio Diego Torales, quien será llevado a juicio en marzo de 2015.

Castigo a todos los responsables políticos y materiales del crimen de Luciano Arruga.