El miércoles 1 de julio se llevó a cabo en el centro de La Plata una olla popular organizada por la Coordinadora Migrante y Consejería para Migrantes del Laboratorio de Investigación de Movimientos Sociales y Condiciones de Vida de la Facultad de Trabajo Social de la UNLP. Fue una instancia donde, manteniendo el distanciamiento y recomendaciones sanitarias, concurrieron integrantes de la comunidad senegalesa, colombiana, peruana, boliviana, paraguaya, entre otras que residen en la región.

Esta acción sirvió para poner de manifiesto la situación que estamos atravesando. La inmensa mayoría de lxs migrantes hemos sido excluidos hasta del escaso IFE, que ya de por sí no alcanza a cubrir ni un cuarto de la canasta básica familiar de un mes, cuando llevamos tres meses de aislamiento social. Según encuestas realizadas por la Coordinadora, solo 10 personas dentro de la población senegalesa de La Plata pudo tener acceso al IFE, es decir un 5%.

Al mismo tiempo, son víctimas de los feroces operativos represivos organizados por el intendente Julio Garro y la Policía Bonaerense de Sergio Berni y Kicillof, para desalojar a los manteros y vendedores ambulantes. Una política de criminalización de sectores que no tienen siquiera garantizada una asistencia social para poder cumplir la cuarentena, por lo que han tenido que salir a trabajar exponiéndose al contagio. Este accionar del gobierno, en beneficio de los grandes comerciantes de la ciudad, fomenta el racismo, la xenofobia y la discriminación.

Este realidad es una muestra de que el gobierno de Alberto Fernández no brinda las garantías materiales necesarias para que efectivamente pueda sostenerse una cuarentena en el país y así prevenir los contagios de coronavirus -mientras subsidia a las grandes empresas y asegura el pago de la deuda externa. Según un informe de la ONU de 2017, alrededor del 5% de la población total de la Argentina son personas nacidas en el extranjero, una mayor parte con trabajos informales o desempleada. Son trabajadores de la construcción, limpieza, comercio callejero, artistas callejeros, trabajo doméstico, cuyas condiciones de vida se deterioran de forma acelerada con la pandemia.

Esta olla popular es un paso adelante en la organización de lxs migrantes de la región y en la visibilización de su situación de extrema vulnerabilidad. La asamblea planteada para los próximos días será una importante instancia para acordar un plan de lucha para seguir exigiendo un seguro universal por desempleo de 30.000 pesos mensuales y el pago inmediato del IFE a los migrantes; por el desprocesamiento de Mbake Ndao y el fin de la represión a los vendedores ambulantes y terminar con la persecución a lxs migrantes y la violencia discriminatoria y xenófoba de la policía y el Estado; por la regularización documentaria, la derogación inmediata del DNU 70.

Es otro motivo para decirle no al pago de la deuda externa y reclamar la ruptura con el FMI. Que la crisis la paguen los capitalistas.