Soledad Laciar, la madre de Valentino Blas Correa, el pibe de 17 años asesinado por la policía de la provincia de Córdoba, realizó declaraciones en Radio Mitre: “te podría entender que la policía se equivocó, que creyó una cosa y que disparó y se equivocó. Pero acá no es el que disparó o dispararon, acá hubo cientos y cientos de policías queriendo tapar el moco que se habían mandado. A mí no me llamó nadie para darme una explicación de lo que pasó, y cuando digo nadie, es nadie, hablo de policías, hablo de políticos”.

Las declaraciones salen al cruce de un operativo de impunidad que montó la policía de la provincia en las primeras horas del pasado jueves, tras haber asesinado a la quinta persona en tiempos de cuarentena. Sucede que desde el primer momento las fuerzas de (in)seguridad, buscaron ensuciar al grupo de jóvenes e hicieron circular que tenían un arma, y que los policías involucrados actuaron en función de una denuncia que no consta en ninguna parte.

Además, la madre de la víctima recordó que no la dejaron llegar al lugar en donde interceptaron finalmente al auto Fiat Argo: “ahí me cayó la ficha, me sacaron del medio para seguir haciendo el chanchullo”.

En la citada entrevista la madre de Blas dejó en claro que va a ir hasta las últimas consecuencias, y expresó: “quiero que sepan que tengo mucho miedo, tengo mucho miedo por mi familia, ese miedo me lo generaron ellos, porque los que tenían que cuidar a mi hijo me lo mataron. Espero que no pase nada raro en todo esto (…) no voy a permitir que ensucien a mi hijo, no voy a frenar hasta que haya justicia. Para mí la justicia no es preso a los dos policías, esto va mucho más allá, no quiero que haya Blas nunca más, no por un ratito, que esto no sea una semana y que después resulta que el que sacaron de zona sur lo mandaron a hacerse cargo de Carlos Paz, escondido detrás de un escritorio (…) si actuaron mal que no estén más”.

Sin embargo, la policía a través de declaraciones del comisario Gonzalo Cumplido continuó hablando de un arma, incluso con el repudio al accionar asesino de la policía en ascenso. Lo que disparó aún más la conmoción y la bronca popular.

Así las cosas el gobierno provincial decidió relevar a la cúpula de la policía de la Capital de la provincia. Gustavo Piva, ex jefe del área de patrullaje fue pasado a retiro forzoso; en tanto que Rubén Turri y Gonzalo Cumplido, subdirectores de las zonas norte y sur fueron licenciados. Al hacer mención sobre los desplazamientos el ministro de Seguridad, Adolfo Mosquera, señaló: “destacamos los servicios prestados por los oficiales superiores que cesan en sus cargos”.

Al frente de la policía estará quien fuera jefa de recursos humanos, la comisaria mayor Liliana Zárate, una de las responsables en la formación de la fuerza policial. Es decir, el gobierno desafecta la mano de obra, para salvar una orientación política represiva que tras la cuarentena dio un salto.

La nueva jefa ni bien asumió dijo que “hay que recomponer los vínculos con la sociedad”, y se mostró abierta a cambiar el protocolo de accionar de la policía. Cabe recordar que tras la muerte de Franco Amaya, otra joven víctima de gatillo fácil en febrero del 2017, se implementó el protocolo vigente que no terminó con los asesinatos a manos de la policía. Lo que da cuenta que el accionar policial no responde a una guía para la acción, sino que hunde sus raíces en una orientación política.

Antes de Blas, hubo otros casos de gatillo fácil, que en su mayoría tiene a sus autores materiales impunes, esto es lo que buscaron una vez perpetrado el crimen mediante el accionar de un aparato delictivo que manipuló pruebas, e intentó sin éxito implantar un arma. Hay una cadena de evidentes responsabilidades políticas de la cual el ejecutivo provincial debe dar cuenta.

En ese sentido, Soledad Díaz García presentó un pedido de informes para que el ministro de Seguridad rinda cuenta en la legislatura de lo actuado y de ese modo develar toda la trama con la que se buscó impunidad.

Los policías Javier Alarcón y Lucas Gómez están detenidos por la responsabilidad que les cabe, pero en el banquillo de los acusados tiene que estar todo un régimen político de ajuste y represión, que tiene a la juventud entre sus principales víctimas.

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