Alejandro Domingo D’Agostino, piloto de la Fuerza Aérea Argentina a cargo de conducir la aeronave que arroba, en tiempos de dictadura, los cuerpos de detenidos desaparecidos al mar, recibió por parte de la Cámara de Casación número II el beneficio de la continuar con la prisión domiciliaria pese a demostrarse su incumplimiento en varias ocasiones. 

D’Agostino fue partícipe, en la noche del 14 de diciembre de 1977, del vuelo de la muerte donde fueron arrojadas con vida las Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, Mary Ponde de Bianco y Esther Ballestrino de Careaga, como así también las monjas francesas Leonie Duquet y Alice Domon, y siete militantes de derechos humanos. Todos secuestrados por grupos de tareas en la iglesia de la Santa Cruz, al mando de Alfredo Astiz, hechos expuestos en el extenso y completo documental titulado Traslados.

Por este modo aberrante de aniquilamiento, en 2017 fue condenado a prisión perpetua. Al cumplir los ochenta años de edad se le brindó el beneficio de ser controlado en su domicilio. De este modo el ex integrante de la fuerza militar forma parte de más del 80% de los masacradores que, con más de ocho décadas de vida y con condenas por delitos de lesa humanidad, tienen dicha beneficencia por parte de la justicia, pese a que la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, esgrima lo contrario, en claro apoyo por la libertad de los asesinos. 

Sin embargo, vecinos, trabajadores del barrio que conviven con el genocida, al igual que organizaciones defensoras de los derechos humanos denunciaron, con pruebas fotográficas y fílmicas, que la detención no existió y el condenado salía de su casa sin ningún tipo de autorización previa. 

Pese a los reclamos, la justicia hizo caso omiso y le regala al genocida pasar sus últimos años de vida en su hogar con la posibilidad de poder seguir escapándose, ante la inexistencia de vigilancia, y así poder seguir violando la condena. Todo esto, con el beneplácito apoyo del gobierno nacional.

No solo buscan cerrar centros de la memoria, sino también ubicar a los represores en el papel de víctimas de “una política de venganza” (declaraciones del ministro de justicia, Cunea Libarona) como definición a los juicios por delitos de lesa humanidad. Intentando justificar, de esta manera, sus acciones con el fin de liberarlos.  

La lucha por el juicio, castigo y la cárcel a los asesinos y torturadores, a los responsables políticos, empresariales y materiales del genocidio de Estado, a pocos meses de cumplirse cuarenta y nueve años del golpe cívico militar, sigue más vigente que nunca. Los mismos Ceos que en 1976 golpeaban los cuarteles reclamando la represión al pueblo en alza, hoy se embanderan en “defensa de la democracia” a la par de un gobierno facho libertario, incompatible con los derechos humanos.

Las condenas a los genocidas es resultado de la movilización popular. A seguir ganando las calles. Fuera Milei.

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