El próximo 23 de noviembre se realizará la doceava Marcha de la Gorra. Este año la consigna será “Terrorista es el Estado, no quien tenés al lado”. En Córdoba la jornada de movilización tendrá como punto cúlmine la realización de un acto en casa de gobierno. También se marchara en simultáneo en el interior cordobés y en otras ciudades del país como Rosario, La Plata y otras ciudades de provincia de Buenos Aires.

La Marcha de la Gorra nació para reclamar la derogación del código de faltas de la ciudad de Córdoba; en rechazo a la política de represión y segregación sobre la juventud de las barriadas populares que ejecuta un aparato policial descompuesto. A ese reclamo de origen se fueron sumando reivindicaciones, con la que se presenta toda una denuncia del carácter represivo del Estado. En ese sentido, este año se denunciará que el reciente presupuesto de ajuste 2019 es responsabilidad tanto de Cambiemos y del PJ-Kirchnerismo. La movilización tiene una clara fisonomía de independencia política y antigubernamental.

La movilización se desarrollará en momentos en que se busca criminalizar a la juventud protagonista del reciente estudiantazo; como así también a las organizaciones que enfrentan el plan de guerra contra el pueblo trabajador. La modificación del Código Penal es el marco con el que se busca legalizar esta política.

En estos doce años, la marcha fue gestando un movimiento anti represivo que obligó al gobierno de Schiaretti a cambiar el código de faltas por el ahora vigente código de convivencia, sin por ello cambiar la esencia del problema, es decir la existencia de una policía ligada al delito organizado que actúa reprimiendo y violando elementales libertades democráticas. Una de las expresiones más brutales de esta orientación de impunidad y represión es el gatillo fácil. La doctrina Chocobar se aplica desde antes del fusilamiento de Pablo Kukov. Ahora, lo que gobiernan buscan darle una mayor cobertura de impunidad.

Por el carácter de la consigna y del programa, la movilización es una vía para expresar el rechazo a la tentativa de imponer una orientación fascistizante por parte de quienes gobiernan la Nación y provincia. Esta política tiene a Patricia Bullrich como principal exponente de la coalición gobernante. Pero también tiene exponentes en el PJ, como el jefe de bloque de senadores, Pichetto. En esa línea gobernadores como Schiaretti acuerdan con Cambiemos medidas represivas y de control social como operativos y requisas de Gendarmería, violando garantías constitucionales.

Macri y los gobernadores se preparan para enfrentar una próxima etapa política de mayor ajuste. El movimiento anti represivo saldrá a la calles para rechazar la represión como respuesta las reivindicaciones populares, y a ganar conciencia de que “terrorista es el Estado, no quien tenés al lado”.