Libertades democráticas
31/1/2022
Marcha por los 13 años sin Luciano Arruga
La impunidad fue garantizada por el Estado bajo todos los gobiernos.
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En el día de ayer, domingo 30 de enero, más de 1.500 vecinos y activistas de La Matanza junto a organizaciones sociales y políticas se hicieron presentes como todos los años en una marcha que recorrió la Av. Mosconi desde su nacimiento hasta la plaza del barrio 12 de Octubre, el barrio donde vivía Luciano Arruga. Participó de la misma la diputada nacional por el Frente de Izquierda – Unidad y secretaria general del Suteba La Matanza, Romina Del Plá. Arruga tenía 16 años y vivía en este barrio de Lomas del Mirador, cuando la maldita Bonaerense lo torturó, asesinó y desapareció.
@RominaDelPla A 13 años de la muerte y desaparición de Luciano Arruga, seguimos exigiendo ¡Basta de gatillo fácil! Fuera Berni y justicia para todos los pibes víctimas de la política represiva que perpetúan todos los gobiernos. pic.twitter.com/m8V23rdzQb
— POLaMatanza (@POLaMatanza) January 30, 2022
Se cumplen 13 años del crimen, y muchos de lxs que hoy son adolescentes no habían nacido en aquel entonces, o comenzaban recién a caminar. Nuestros jóvenes de las barriadas populares reúnen las mismas características que Luciano. Son pobres, se ganan la vida changueando y ayudando a la familia.
El caso Arruga desnuda el entramado que la policía (en este caso la Bonaerense) tiene con la justicia y el amparo del poder político. Muestra cómo la juventud empobrecida es el blanco de ataque para perpetuar en los barrios el delito organizado por la misma yuta. El caso muestra la verdadera cara de las fuerzas represivas del Estado: el control social y el negocio del delito, el narcotráfico y la trata.
13 años sin Luciano Arruga. ¡Basta de gatillo fácil! Afuera la policía de nuestros barrios. Fuera Berni. pic.twitter.com/7iVmVwFHYk
— POLaMatanza (@POLaMatanza) January 30, 2022
Luciano vivía en el barrio 12 de Octubre y cartoneaba para ganarse la vida a sus cortos 16 años; vivía una realidad muy cruda, como lamentablemente vive el 54% de la población joven del país. En 2009, a Luciano (como a otros pibes del barrio) lo torturaron para que “afloje” y acepte la propuesta que hace la cana a los pibes: robar para la recaudación de sus cajas negras. Pareciera la trama de una ficción, pero fue la realidad.
La cana ofrece garantías: zona liberada, “protección” y una rápida salida ante una detención. La connivencia entre la policía y la justicia son el pilar de un Estado que regentea el delito y garantiza la impunidad. A ese negocio redondo para la yuta, Luciano tuvo el atrevimiento, la valentía y la honra de decirle que no. Ese fue el motivo del ensañamiento contra él, y luego de su desaparición, contra su familia y amigos, quienes fueron amedrentados y verdugueados constantemente.
Del 2009 trascurrieron cinco años y ocho meses sin saber dónde estaba. Finalmente, se hallaron sus restos en 2014. Su familia lo buscó desde el primer momento, rodeándose de la solidaridad de las organizaciones políticas, sociales y de Derechos Humanos que acompañaron. La justicia solo se encargó de encubrir, esconder, dilatar, desaparecer pruebas. Es el mismo modus operandi que implementan para lavarse las manos, como en el caso de Facundo Castro.
Qué pasó
La última vez que se ve a Luciano con vida fue la noche del 31 de enero de 2009. Con las declaraciones de testigos se pudieron recontruir los hechos.
Aquel día, el mismo que lo levantan en el patrullero, luego de torturarlo lo largan a correr por la autopista General Paz, con la clara intención de que sea atropellado. Es esa la coartada para encubrir el caso. Luciano es atropellado por un vehículo, los policías que se encontraban en el lugar lo levantan y lo trasladan al hospital Santojanni (del lado de Capital). Luciano fallece, ya que los médicos no pudieron salvarle la vida.
En los libros de ingreso de la guardia, su nombre no figuraba, era un “NN” (identidad desconocida) que nadie “reclamó”, y se procedió de manera negligente a llevar el cuerpo al Cementerio de la Chacarita. Lo asentaron como un NN ¡de 40 años de edad!. Luego de presentaciones legales, cotejaron que las huellas de Luciano registradas en un expediente del destacamento de Lomas del Mirador coincidían con las del cuerpo hallado.
Lo mató la policía, lo desapareció el Estado, lo encontramos luchando
La seguidilla de responsabilidades son claras. Sin el amparo de jueces y fiscales la policía no podría actuar de esa manera. Sin el amparo del gobierno municipal los jueces no podrían alimentar las cajas negras. Sin el amparo del gobierno provincial no se podrían sostener los negocios sucios de los intendentes. Sin el visto bueno de los presidentes no se podrían contener las estructuras de las mafias. Por eso el Estado es responsable, y todos los gobiernos desde las dictaduras, pasando por los derechistas y “neoliberales”, o por los “nacionales y populares”, todos han mantenido este régimen y esta política de impunidad.
13 años de impunidad, seguimos pidiendo justicia
Se cumplen 13 años de estos hechos aberrantes, y solo está preso el oficial Torales, condenado en 2015 a diez años de prisión. Es quien torturó a Luciano en septiembre de 2008.
A los otros ocho policías implicados, el fiscal Carlos Stornelli los pasó a disponibilidad en abril de 2010. Sin embargo, en julio de ese año fueron reincorporados a la fuerza policial en otras jurisdicciones. Ningún funcionario político responsable del crimen de Luciano ha sido ni siquiera rozado por investigación alguna. De arriba a abajo partiendo por el entonces gobernador pejotista Daniel Scioli, quien una y otra vez le negó reuniones a la familia de Arruga, ningún responsable del poder político fue juzgado por sus complicidades con la maldita Bonaerense y con el operativo de impunidad.
La juventud del Polo Obrero presente en la movilización por los 13 años del asesinato de Luciano Arruga. La juventud piquetera se organiza en todos los barrios de La Matanza y exige ¡Basta de gatillo fácil! pic.twitter.com/p4BKMVVzVL
— POLaMatanza (@POLaMatanza) January 30, 2022
Hay que organizarse
Los planes de ajuste implementados por todos los gobiernos los pagan incluso con su vida los trabajadores y sus hijos. El Estado delega el control social a las fuerzas represivas para reprimir a la población que se organiza y que lucha contra la degradación de sus condiciones de vida. Por eso desalojan a quienes luchan por tierra para vivir. Reprimen las movilizaciones y los reclamos populares, y en especial la juventud, gran protagonista de las luchas en curso por el trabajo genuino, por la vivienda, por la educación pública, por el derecho sobre nuestros cuerpos.
Quienes nos gobiernan se valen entonces para estos fines de un aparato policial putrefacto, que administra el delito y sostiene redes de coimas y cajas negras para engrosar sus recaudaciones paralelas. El gatillo fácil es otra cara de esta moneda, y es también una verdadera política de Estado. En el distrito de La Matanza hemos tenido el caso de Lucas Verón, pero en la provincia de Buenos Aires afloran otros ejemplos, como la desaparición seguida de muerte de Facundo Castro. Así como en la Ciudad de Buenos Aires la policía de Larreta se cobró la vida de Lucas González o el gobierno de Macri la de Santiago Maldonado, donde la Gendarmería protagonizó el crimen. Las Bullrich y los Berni son solo la punta del iceberg, son las caras visibles de todo un régimen que necesita de la represión a los sectores populares para aleccionarlos.
Mónica, la mamá de Luciano, entre tantas palabras dijo: “Parí un argentino negro que no quiso robar para la policía, y estoy orgullosa de eso”. La juventud debe organizarse de manera independiente contra el ajuste que todos los gobiernos descargan sobre sus espaldas, y contra las fuerzas represivas que lo garantizan y que encuentran a los pibes como sus víctimas predilectas.
Todos lxs pibxs somos Luciano Arruga. Seguimos reclamando juicio y castigo a los culpables y basta de gatillo fácil. Se hace urgente la necesidad de desmantelar el descompuesto aparato represivo. Fuera Berni. El Estado es responsable.
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