“La policía hizo lo que tenía que hacer”. Con esas palabras, Aníbal Fernández reivindicó al día siguiente del crimen de Mariano Ferreyra el accionar de los comisarios de la Policía Federal que acaban de ser detenidos para cumplir la pena de 10 años de prisión que recibieron en calidad de coautores de homicidio.

Los comisarios Osvaldo Mansilla y Jorge Ferreyra estaban a cargo de la División Roca de la Federal. Durante todo el desarrollo de los acontecimientos, ambos permanecieron junto a la patota de Pedraza sobre las vías, ubicada a tres metros de altura sobre la calle donde se produjo el ataque. Una ubicación privilegiada para observar los acontecimientos. Sobre la vía se concretó el encuentro del grupo encabezado por el barrabrava Cristian Favale con la patota de la burocracia, encabezada por Pablo Díaz. Los policías dejaron hacer y los dejaron escapar. Cuando descendió de la vía y se reagrupó en la calle para emprender la agresión, Mansilla informó por radio que los patoteros “bajan sin ánimo de enfrentamiento”.

Mansilla y Ferreyra garantizaron lo que en el lenguaje corriente se llama una “zona liberada”.

“La primera discusión es en Avellaneda y ese enfrentamiento lo para la Policía", mintió Fernández al respecto, en declaraciones a Radio 10 durante la mañana del 21 de octubre de 2010. "Un grupo (de manifestantes) cruza hacia la Capital por las vías y allí se producen estos hechos", inventó. En realidad, como se demostró en el juicio, la policía bonaerense empujó a los compañeros hacia la Capital. Eran atacados con balas de goma por la infantería policial mientras la patota, aprovechando su ventajosa posición, les lanzaba piedras desde la altura.

Ya en territorio porteño, la columna de tercerizados ferroviarios y militantes se retiró a 500 metros de las vías. Transcurrida una hora, la patota los atacó a balazos. Según el entonces jefe de Gabinete, el ataque se produjo "en un lugar al cual no pueden acceder móviles y hay que ingresar caminando”. Basta recorrer la esquina de Luján y Perdriel, en el barrio de Barracas, allí donde se erigen el mural y la placa en memoria de Mariano, para darse cuenta de la falsedad rotunda de esa afirmación. “La policía hizo lo que tenía que hacer”, remató Fernández aquella entrevista.

Impunidad

Los policías Mansilla y Ferreyra fueron los únicos jefes policiales condenados a penas de prisión efectiva. Los demás recibieron penas menores e incluso absoluciones. La responsabilidad política y penal de Fernández por el encubrimiento de la Federal ni siquiera fue debatida, a pesar de las  reiteradas denuncias de nuestro partido y sus abogadas.

Los jefes de la Dirección General de Operaciones (DGO), con Hugo Lompizano a la cabeza, que monitorearon todo el desarrollo de los hechos a través de las cámaras policiales y tenían a su disposición decenas de policías para intervenir y no lo hicieron, recibieron penas menores por “incumplimiento de deberes”. El camarógrafo policial que debía registrar todo el operativo omitió deliberadamente registrar el ataque y fue penalizado a pagar una multa. El subcomisario Garay, de la comisaría de Barracas, que apareció tras el ataque con dos móviles y cubrió la retirada de los agresores, fue absuelto.

Encubridor

Cuando ocurrió el crimen de nuestro compañero, Aníbal Fernández ocupaba el cargo de jefe de Gabinete, pero retenía entre sus funciones la conducción política de la Policía Federal.

Durante muchos años, el ex puntero de Quilmes supo tejer un vínculo político con las fuerzas policiales. Su compromiso tuvo uno de sus momentos más altos tras la masacre de Avellaneda, el 26 de junio de 2002. Los cuerpos de Maximiliano Kosteki y de Darío Santillán todavía estaban siendo velados cuando el entonces vocero del gobierno de Eduardo Duhalde salió por los medios a defender a los masacradores y a justificar la represión calificar el plan de lucha piquetero como un “cronograma de hostilidades”. Esa conducta –si se la puede llamar así– aseguró su pasaje del gobierno Duhalde al gobierno K.

Más tarde, cuando la segunda desaparición de Julio López levantó un manto de sospechas sobre la Bonaerense, Aníbal Fernández aseguró que el testigo clave en el primer juicio contra el genocida Miguel Etchecolatz debía encontrarse “perdido o tomando el té con su tía”.

La carrera política de Fernández llegaría a su fin en un merecido enredo de traficantes de precursores químicos, sicarios e internas con el Servicio Penitenciario.

Hasta el día de hoy, debe responder ante la justicia por su complicidad con los crímenes policiales.