A cinco años y diez meses del crimen de Mariano Ferreyra y las heridas de Elsa Rodríguez, la sentencia contra José Pedraza y su patota todavía no fue ratificada por la Corte Suprema, porque ésta todavía no se expidió sobre los recursos de queja que presentaron sus defensas.

Las penas dictadas por el tribunal oral que los juzgó fueron de 8 a 18 años en el caso de los miembros de la Unión Ferroviaria y de 9 y 10 años en el caso de los jefes de la Policía Federal. A todos ellos se los consideró coautores de los delitos de homicidio y tentativa de homicidio. Al amparo de la falta de definición de la Corte, la Justicia excarceló a dos de los asesinos, Claudio Alcorcel y Francisco Pipitó. Es probable que en las próximas semanas se sume la liberación de Daniel González, el matón que luce cuello ortopédico en las imágenes del ataque que logró captar C5N.

En estos momentos, la situación es la siguiente:

-Los autores intelectuales del crimen, José Pedraza y Juan Carlos Fernández, gozan de prisión domiciliaria desde principios de año por supuestas razones de salud. Pedraza habita una torre de Palermo sin que el patronato de liberados informe aun la modalidad de control del cumplimiento de la pena que se le impuso.

-Claudio Gustavo Alcorcel -condenado a ocho años de prisión- tuvo el beneficio de la excarcelación el pasado 16 de agosto por haber cumplido en la cárcel el tiempo previsto para ser beneficiado con la libertad condicional (3/4 de la pena). Le siguió la excarcelación de Francisco Salvador Pipitó, condenado a 11 años, que adhirió al sistema de “estimulo educativo” para reducir su condena en 19 meses y 21 días y obtener así el tiempo previsto para el beneficio de la libertad condicional. Para no ser menos, Jorge Daniel González, también condenado a 11 años de cárcel, solicitó que se le compute el tiempo afectado al programa de “estimulo educativo”. Los jueces se expedirían en los próximos días.

En el caso de los comisarios Luis Osvaldo Mansilla y Jorge Raúl Ferreyra, no pasaron en la cárcel ni un segundo. Llegaron al juicio oral en libertad y el tribunal rechazó el pedido de que fueran detenidos inmediatamente. Nuevamente, continuarán en libertad hasta que la Corte se expida. Como los responsables de la Dirección General de Operaciones fueron condenados a tan sólo dos años por incumplimiento de funciones y, por lo tanto, no son penas de cumplimiento efectivo, queda claro que se ha preservado la impunidad de la Policía Federal, cuyo papel fue clave en la mecánica del ataque.

Esta situación se deriva de la sentencia emitida por el Tribunal Criminal Oral N° 21, que dictaminó que no hubo premeditación en el crimen. Los jueces recurrieron a una voltereta contrafáctica -“a Pedraza no le convenía un muerto porque iba a terminar preso”- para rechazar nuestro alegato de que el crimen de Mariano y la emboscada fueron parte de un “plan criminal” que reunió a la burocracia sindical, los empresarios y los funcionarios, beneficiarios del saqueo de subsidios estatales y la explotación de las tercerizaciones. Ni los empresarios -que otorgaron los permisos “gremiales” para que la patota saliera de los talleres de Escalada- ni los funcionarios de la Secretaría de Transporte -que dieron luz verde para que la burocracia atacara la movilización de los tercerizados- fueron juzgados por el crimen. Tampoco por los numerosos fraudes que revelamos en el curso del juicio oral.

El cuadro de impunidad se completa con la absolución del camarista Eduardo Riggi, el único juez imputado en la “causa de las coimas” que permanece con vida.

Las condenas contra Pedraza y su banda fueron el resultado de una movilización popular extraordinaria que ahora se intentan revertir por goteo. Apelaremos a todos los recursos jurídicos y políticos para defender esa conquista.