Este domingo, se cumplirán tres años de la emboscada criminal que una patota de barrabravas y burócratas sindicales de la Unión Ferroviaria realizó contra los tercerizados ferroviarios y quienes los apoyaban. El ataque terminó con la vida de Mariano Ferreyra e hirió gravemente a Elsa Rodríguez y otros compañeros. El nuevo aniversario de este crimen contra la clase obrera es la oportunidad para retomar las conclusiones políticas de esta lucha y las tareas que hoy están planteadas.

De un lado, la movilización popular

El 20 de octubre de 2010, la patota de Pedraza acometió contra una de las incontables movilizaciones de los tercerizados ferroviarios, después de largos meses de ninguneo por parte del Ministerio de Trabajo. La lucha de estos precarizados tocaba el corazón de la privatización ferroviaria bajo la década kirchnerista. A lo largo de estos años, los subsidios a los privatizadores alimentaron un colosal desfalco de fondos públicos a costa del servicio ferroviario, por un lado, y de los trabajadores, por el otro. En este último caso, el régimen de las tercerizaciones permitía pagar salarios que no llegaban ni a la mitad de los del convenio ferroviario. La burocracia sindical actuaba como socia del desfalco: los personeros de Pedraza eran titulares de las cooperativas truchas que actuaban como empleadoras de los tercerizados. Cuando la burocracia se oponía visceralmente al pase a planta, en realidad, defendía su propio negocio. Pero también, su dictadura al interior del ferrocarril, la cual podía ser amenazada por un ingreso masivo de trabajadores arrancado con la lucha.

El crimen de Mariano quiso poner a salvo este lazo de hierro entre concesionarios y burócratas, cuyo articulador no era otro que el mismo Estado. El rescate de los privatizadores -uno de los pilares del "modelo"- aparecía cuestionado por una enérgica lucha obrera. El crimen de Mariano desató una intensa indignación y, en pocas horas, la movilización más numerosa y enérgica de la que se tenga memoria en muchos años. Los episodios judiciales posteriores se desarrollaron bajo esta inmensa presión popular. Pero también, bajo una orientación política de completa independencia frente al gobierno y al Estado: desde el primer momento, exigimos un pronunciamiento del poder político y denunciamos, después, la negativa del gobierno a hacerlo. El rechazo a recibir al Partido Obrero -que lo planteamos el mismo 20 de octubre- anticipó la conducta oficial frente a un crimen que envolvía a los "empresarios amigos", a sus agentes sindicales y al propio gabinete.

El gobierno

No podía sorprender, entonces, que el gobierno presentara los hechos como el resultado de una "pelea" entre facciones gremiales, ocultando que se había tratado de un ataque alevoso de sus aliados a los obreros más explotados del sistema ferroviario. Pocos días antes, la Presidenta había celebrado la alianza de su gobierno con la burocracia sindical en el estadio de River, al que asistieron buena parte de los asesinos de Mariano. Los medios oficialistas ocultaban la filiación política de la víctima y procuraban desviar la atención hacia pistas falsas. Por su parte, la "materia gris" del oficialismo responsabilizaba por la muerte no a la burocracia, sino a los propios luchadores agredidos, por la "inconveniencia" de haber peleado por sus derechos laborales. Dos meses después del asesinato, la nueva ministra de Seguridad, Nilda Garré, debutaba con un escandaloso intento de criminalización de los compañeros de militancia de Mariano, a raíz de un nuevo corte de vías que debieron emprender por el incumplimiento del Ministerio de Trabajo de todos los compromisos asumidos con los tercerizados. Dos de estos trabajadores fueron detenidos, a otros dos se les dictó orden de captura y todos fueron procesados. De manera simultánea, el ministerio de Garré brindaba asistencia jurídica a los policías que, finalmente, resultaron condenados por "liberar" la zona y el escenario del crimen de Barracas. Ese accionar policial recibió todo el respaldo de Aníbal Fernández, responsable político de la Federal en el momento de los hechos. Escuchas telefónicas posteriores revelaron que Pedraza, después del crimen, recibía los apoyos del ministro de Trabajo Tomada y de su vice, Noemí Rial.

Tentativa de apropiación

El kirchnerismo nunca rompió políticamente con la burocracia de la Unión Ferroviaria, a la cual continúa aliado hasta el día de hoy. Producida la sentencia, el oficialismo ha intentado apropiarse de la figura de Mariano para hacer demagogia electoral.

Para ello, abona el mito de que el crimen de Mariano se esclareció gracias al testigo aportado por Néstor Kirchner a través del intendente de Quilmes, aún cuando la Justicia investigó e identificó a los asesinos, por lo que se pudo comprobar la participación activa del mismo en el grupo agresor durante el juicio oral. De todos modos, la celeridad con que fue hallado este "testigo" desnudó los múltiples vasos comunicantes entre los agresores y el aparato estatal. Pero los límites de este intento de apropiación de Mariano Ferreyra son insuperables. Por un lado, la cuestión del tercerismo y la precarización laboral están en el ADN del kirchnerismo, el cual apeló a los salarios bajos y a la nefasta herencia laboral del menemismo para la "reconstrucción de la burguesía nacional". Lo mismo puede decirse de sus vínculos con la burocracia sindical y el aparato represivo del Estado. La "seguridad democrática" -que inauguró Garré meses después de aquel octubre- comenzó con el espionaje a las organizaciones sociales por la Gendarmería y concluyó en 2013 con Milani, Berni y Granados.

El juicio y después

La condena de Pedraza fue ganada en las calles. La consigna "Perpetua a Pedraza" recogió el hartazgo de la población trabajadora contra las burocracias sindicales y contra la destrucción del sistema ferroviario a manos del "triángulo corrupto" de los funcionarios, las gerenciadoras capitalistas y la burocracia sindical. Un año y cuatro meses después de Barracas, la masacre de la Plaza Once puso de manifiesto hasta qué punto ese entramado había sido preservado.

Aún lográndose por primera vez en la historia del movimiento obrero la prisión de un peso pesado de la burocracia sindical y jefe de la asociación ilícita que organizó el asesinato, la Justicia del régimen fue delineando un cuidadoso operativo quirúrgico dirigido a absolver responsabilidades y, sobre todo, impedir que las mismas se elevaran al poder político. De la instrucción al juicio, se dejaron sin imputar a los funcionarios del gobierno y los empresarios de Ugofe. En el juicio, se absolvieron por el homicidio y las tentativas a cinco de los policías federales involucrados -con el Comisario Lompizano a la cabeza. Además, se redujo la imputación de prisión perpetua solicitada por la fiscalía y las querellas a penas de 18, 15, 10 y 8 años de prisión. El perito Locles -que intentó destruir la evidencia de la bala asesina- recibió una condena leve por ello. En las causas de las coimas a la Cámara de Casación, la elevación a juicio se realizará sin sentar a los jueces como imputados, lo cual reduce el ilícito a una mera tentativa.

Finalmente, como venimos insistiendo desde estas páginas, estamos ante la posibilidad de que la Cámara de Casación revise las sentencias de primera instancia a Pedraza y la patota, lo que podrían concluir con la absolución o reducción de pena de los ya condenados (ver recuadro en pág. 15).

Significado político

El crimen de Mariano y la inmensa movilización popular que concluyó en la condena a sus responsables anticiparon los términos de la actual crisis política. Por un lado, desnudó un régimen que agotó sus recursos políticos y económicos en el rescate de los capitalistas. Por el otro, puso de manifiesto a un movimiento popular que -en la lucha contra los precarizadores, sus agentes sindicales y políticos- fue construyendo una oposición al kirchnerismo desde el campo de la clase obrera y de la izquierda.

A tres años de tu asesinato, Mariano, seguimos honrando tu memoria con el norte estratégico de tu lucha: la fusión del movimiento obrero con la izquierda revolucionaria.

El 18 de octubre nos movilizamos a la Cámara de Casación contra toda maniobra de impunidad de los condenados y por el castigo a los responsable políticos y empresariales hoy impunes.