En las últimas audiencias, se escucharon varios testimonios relevantes.

El 4 de diciembre declaró Pablo Villalba, activista de la Lista Bordó y ex obrero de la ‘cooperativa’ Unión del Mercosur, la empresa tercerizada que explotaban Pedraza, sus familiares y allegados de la cúpula del sindicato.

Al 20 de octubre de 2010, Villalba se encontraba despedido por haber reclamado la cobertura de la ART luego de un accidente de trabajo -formalmente, se le dijo que se trataba de una ‘reestructuración’. Entonces acudió a Pablo Díaz, para que el gremio intercediera por su situación. Díaz, en persona, le dijo que los obreros de la ‘cooperativa’ estaban afiliados a la Unión Ferroviaria al sólo efecto de acceder “a los préstamos del sindicato”, pero que “no se iba a meter en los problemas particulares que tuvieran los trabajadores con la empresa”. El pedracismo convirtió al sindicato en una cueva financiera.

Villalba también dijo que todos los telegramas que cursó a la ‘cooperativa’ le fueron contestados por José Castellanos, miembro del secretariado nacional de la UF, y que el representante del directorio ante los trabajadores era Juan Carlos Cabrol, quien se presentaba como un “allegado a Pedraza”.

Villalba fue concluyente a la hora de señalar que la Unión Ferroviaria se oponía rabiosamente al pase a planta de los tercerizados, “porque querían que Unión del Mercosur siguiera trabajando, porque era de ellos”. La declaración de Villalba fue un aporte valioso en este sentido, que se suma al resto de los testimonios que acreditaron la propiedad de Pedraza sobre esta empresa contratista, apenas disimulada bajo la fachada de una cooperativa de trabajo, que explotaba por chaucha y palito a sus propios afiliados. Respecto de los hechos del 20 de octubre propiamente dichos, su declaración fue limitada, ya que no estuvo presente al momento del crimen de Mariano. Como explicó en su declaración, después de la primera apedreada Villalba se separó de la columna y se retiró del lugar.

Otro testimonio significativo fue el de Angel Oga, que declaró el 7 de diciembre. Oga es un vecino de Barracas, “con larga trayectoria militante”, según dijo, en las filas del peronismo. El 20 de octubre se encontraba haciendo refacciones en su casa, ubicada a apenas 25 metros del puente ferroviario que cruza la calle Luján. Afirmó haber visto a dos personas que transportaban lo que él entiende que se trataba de “un bolso lleno de armas” reunirse con la patota bajo el puente, pocos minutos antes de la agresión criminal. También afirmó haber escuchado más de una decena de detonaciones de distinto calibre -un detalle nada menor, ya que los policías afirman que desde el puente no se alcanzaban a oír los disparos.

Oga dijo que llegó a la causa a través de Héctor Metón, cuñado de Aníbal Fernández. Aclaró que “le sorprendió” que Metón se negara a escuchar su relato y que éste lo llevó directamente ante la fiscal y la jueza de instrucción. Oga declaró primero como testigo de identidad reservada, pero se negó a ingresar al programa de protección de testigos.

Por último, declararon varios policías más. Pasados en limpio, sus testimonios dejaron acorralados a los jefes Lompizano, Mansilla, Ferreyra y Garay, y dejaron acreditado el gran despliegue de fuerzas de la Policía Federal dispuesto en los alrededores de Avellaneda. Fueron muy significativas, además, las declaraciones de los responsables del ‘grupo de combate’ que participó del operativo. Mientras se producía la primera agresión de la patota, este grupo se encontraba a apenas cinco metros de ella. En ese momento, recibieron la orden de dirigirse a Constitución, por si acaso los tercerizados se desplazaban hacia allí. Esa orden fue confirmada además por la Dirección General de Operaciones, que monitoreaba todos los movimientos de la fuerza. Es prácticamente una confesión de la acción complementaria de patoteros y policías, en base a objetivos comunes y a un plan predeterminado.

Las pruebas acumuladas a lo largo de estas casi cincuenta audiencias, contra Pedraza y el resto de los acusados, son a-bru-ma-do-ras. Solamente una fuerte presión del poder político -que ha empeñado todos sus esfuerzos en reconstruir al pedracismo y que todavía mantiene a sus personeros en puestos clave de la gestión del ferrocarril y en el Belgrano Cargas- podría torcer un veredicto condenatorio.