El próximo 19 de abril, el tribunal que tiene a su cargo el enjuiciamiento del asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra dará a conocer su veredicto. La proximidad de la fecha ha desatado fuertes presiones políticas para condicionar el fallo. Jorge Asís, preocupado por el destino que le puede caber a su asociado -el ex gobernador de Neuquén Jorge Sobisch, responsable del crimen del maestro y militante Carlos Fuentealba- acaba de hacer un llamado, desde su blog, a la burocracia sindical, para que reúna fuerzas con la finalidad de impedir una condena decisiva contra Pedraza y la patota. El escribidor derechista olvidó la admiración que prodiga en su novela sobre Clarín hacia los militantes de nuestro partido en la lucha contra la dictadura, para emprenderla contra lo que califica ahora como la "izquierda agresiva", en una línea cuyo objetivo último es una amnistía para la última dictadura militar.

El crimen y el Estado El conocimiento público del audio de las conversaciones entre Carlos Tomada y Pedraza, pedida por la querella a la Justicia hace bastante tiempo, pone de manifiesto un entrelazamiento político íntimo entre un ministerio fundamental (nada menos que el creado por Perón) y la burocracia sindical, por lo que se convierte en un factor adicional de presión sobre el gobierno. Una condena a perpetua para Pedraza y la patota desataría una crisis incuestionable en el conjunto de las patotas sindicales y en las barrabravas alimentadas por los principales dirigentes políticos, en especial del justicialismo y el FpV. Luego de que se estableciera la asociación del ex secretario y del ex subsecretario de Transporte -Schiavi y Luna, respectivamente- con la corrupción en los ferrocarriles -así como la responsabilidad de ambos en la masacre de Once-, la responsabilidad política del gobierno en relación con el asesinato de nuestro compañero -determinada por esos intereses- queda como irrefutable. Se trata de una constatación de magnitud, en momentos en que el oficialismo propugna una ‘reforma judicial' que coloque al Poder Judicial en sintonía política con el Ejecutivo.

El fallo judicial se va a conocer un mes después de los llamados ‘incidentes’ del 24 de Marzo, los que convirtieron a la Presidenta de acusadora en acusada cuando quedó de manifiesto la presencia de barrabravas alentadas por Guillermo Moreno. Luego de una peregrinación al Vaticano y del descubrimiento de que el Papa destituyente era nada menos que peronista, la andanada macartista de CFK contra la izquierda y las banderas rojas revelaron una costilla oficial en contradicción violenta con el progresismo. Es cierto que Bergoglio combinaba el subte con el colectivo para llegarse al Bajo Flores, pero no son menos los vínculos profundos de la Pastoral Social y de él mismo con la burocracia de los sindicatos. Es inevitable advertir esta conjunción del macartismo y el clericalismo en las vísperas del fallo.

El asesinato de nuestro compañero no puede ser analizado sino de este modo, porque es un crimen político contra la clase obrera y la juventud que lucha.

La querella acusa En el curso de las 75 audiencias realizadas a lo largo de ocho meses de juicio oral, nuestras abogadas pasaron lista, una por una, a las abrumadoras pruebas reunidas contra José Pedraza, su patota y los policías imputados por el asesinato de Mariano, y pusieron de manifiesto todas las conexiones de este crimen con el poder político, sindical y empresario reunido en torno a la administración de los ferrocarriles. En definitiva, tradujeron en la sala de audiencias la verdad social expresada en las calles por centenares de miles de trabajadores y jóvenes, de artistas, periodistas e intelectuales. El crimen de Mariano arrojó nueva luz sobre problemas que los trabajadores enfrentan cotidianamente: la precarización laboral, la burocracia sindical, su integración a las patronales y al Estado, la podredumbre irreversible del aparato represivo. "Un crimen político contra la clase obrera" titulamos la tapa de Prensa Obrera apenas horas después de ocurrido el asesinato de Mariano. Las pruebas reunidas durante la investigación no hicieron otra cosa que dar cuerpo jurídico a esa caracterización política.

La perpetua que formulamos en nuestro alegato para todos los acusados se extendió más allá de los límites de este juicio y requerimos la investigación de las responsabilidades penales que les caben a Juan Pablo Schiavi, Antonio Luna y Aníbal Fernández, así como a los empresarios de Ugofe. Los funcionarios y empresarios fueron los grandes ausentes en este juicio.

Las querellas señalaron que el ataque contra los tercerizados respondió a "un plan criminal", que involucró al conjunto de la burocracia de la UF y a la policía. En función de eso, se pidió perpetua para todos. La fiscalía también reclamó perpetua, pero solamente para Pedraza, Fernández (su segundo) y Pablo Díaz, mientras reservó para la policía condenas por abandono de persona. Para la fiscalía, no hubo tal "plan criminal": esta divergencia de caracterización podría llevar al tribunal a desechar la condena a perpetua para el trío apuntado por la fiscalía. En cualquier caso, la policía, la institución represiva del Estado, queda afuera del asesinato que se encuentra en juicio.

Los defensores han planteado una línea de absolución de los acusados. El insostenible "homicidio en riña" fue refutado por la defensa de algunos policías, quienes buscaron justificar su conducta permisiva en la violencia de la agresión; o por la defensa de Favale, que pretende exonerarlo atribuyendo las acusaciones contra él a su condición de no ferroviario. Anticipa que apelará un fallo negativo para ellos. La sentencia definitiva quedará condicionada, en este caso, al desarrollo futuro de la política argentina -incluida la crisis que se ha abierto con el Poder Judicial.

Ministerio público El crimen de Mariano fue instigado por Pedraza; organizado por su mano derecha, Juan Carlos Fernández, y ejecutado por Pablo Díaz, Favale, Sánchez y el resto de la patota, con el vivo apoyo de la Policía Federal conducida en aquel entonces por Aníbal Fernández. Actuaron con la complicidad de los empresarios de Ugofe y de los funcionarios de la Secretaría de Transporte, así como con el respaldo posterior del Ministerio de Trabajo y del de Seguridad -este último apoyó durante un tiempo al personal policial involucrado. Todos ellos fueron partícipes del plan criminal mentado para aleccionar a los ferroviarios tercerizados, cuya lucha estaba poniendo en jaque grandes negocios y hasta el monopolio de la burocracia sindical en el ferrocarril.

Los intereses oficiales para resguardar la impunidad de Pedraza son evidentes. Se manifestaron tempranamente, con la tentativa encabezada por Nilda Garré de procesar a los compañeros ferroviarios de Mariano. Los llamados ‘solidarios’ de Carlos Tomada y Noemí Rial a Pedraza, y las invitaciones que éste continuó recibiendo para participar de los actos oficiales, meses después del crimen de Mariano, revelan los apoyos políticos que continuaba recibiendo. El gobierno mantuvo en sus puestos a Schavi y a Luna, hasta que sus procesamientos por la masacre de Once resultaron inminentes. El gobierno extendió las concesiones de los socios de TBA en Ugofe (Roggio y Romero) cuando cayeron en desgracia de los hermanos Cirigliano. Actualmente, Metrovías y Ferrovías monopolizan el transporte ferroviario metropolitano y continúan haciendo de las suyas a expensas del presupuesto público (el año pasado, recibieron subsidios por más de 12 mil millones de pesos).

Desde el poder político se desarrolló un cuidadoso trabajo de protección sobre los jefes policiales involucrados. Primero, encubrieron su actuación desde la hora cero, a través de Aníbal Fernández. Segundo, les proporcionaron apoyo jurídico desde el recién creado Ministerio de Seguridad conducido por Garré. Tercero, el ministerio público los acusó solamente por "abandono de persona". Los abogados defensores de los policías destacaron el aval "ministerial e institucional" permanente a su actuación. Esta complicidad fue deliberadamente ocultada por la fiscalía; el CELS acusó a los policías por coautoría, pero dejó fuera de toda responsabilidad a sus jefes políticos, Aníbal Fernández y Garré. El alegato de la fiscalía ni siquiera hizo mención a la tercerización en el ferrocarril, a los enjuagues con fondos públicos que reunían a Pedraza, los empresarios y los funcionarios de Transporte, solicitó la absolución de dos patoteros y la de un policía y pidió penas menores y escalonadas para el resto de los uniformados, debilitando así la acusación contra Pedraza. La fiscalía, recordemos, fue intervenida por la procuradora Gils Carbó con la designación de dos ‘comisarios políticos’ poco después de comenzar el juicio. El alegato de los fiscales intentó desguazar la tesis de nuestra querella, recogida por la Cámara de Apelaciones, acerca de un ‘plan criminal’ para ‘aleccionar a los tercerizados’.

Ahora, el veredicto Llegamos a esta instancia como consecuencia de una inmensa presión popular. Todas las organizaciones populares aportaron a la movilización y a la presencia de testigos contundentes. A pesar del veto impuesto a la televisación del juicio, desarrollamos su publicidad por medio de las delegaciones que asistieron al tribunal y la enorme inquietud de las redes sociales.

Cualquiera sea el desenlace que imponga en esta fase, el Tribunal Oral en lo Criminal 21, la lucha continúa. La burocracia sindical no va a ceder terreno en el caso de que salga la perpetua. De nuestra parte, iremos por los responsables políticos y económicos que fueron dejados afuera del proceso judicial -por ejemplo los concesionarios, Aníbal Fernández, la secretaría de Transporte. El tema de este crimen se enlazará con la crisis política que se desarrolla cada vez más visiblemente en el país. Está en la agenda de todas las fuerzas patronales que buscan un cambio de gobierno y de régimen económico. El llamado ‘peronismo federal’ tiene la amnistía en carpeta. "La independencia del poder judicial" es una quimera: tiene, por sobre todo, la tarea de defender la intangibilidad del Estado, incluso contra las disposiciones constitucionales. Por eso juró obediencia a todos los golpes militares victoriosos.

En el proceso judicial, nuestro partido desarrolló la tesis de que el debate debe servir para dejar en claro el carácter social del asesinato de nuestro compañero Mariano: el entrelazamiento entre el capitalismo, la burocracia sindical, el Estado y sus instituciones represivas. La condena que reclamamos -perpetua- apunta a desarrollar esa verdad social en la práctica política de las mismas masas populares. La revolución no es sino un proceso judicial que los explotados emprenden contra los explotadores en el escenario de la historia.