Tras una larguísima deliberación que se prolongó por más de ocho horas, los 12 jurados designados para juzgar a los cuatro policías bonaerenses que participaron directamente de la Masacre de Monte dictaron su veredicto condenatorio. Rubén García y Leonardo Ecilapé fueron condenados a prisión perpetua por el delito de “homicidio agravado por el abuso de la función policial y mediante el empleo de arma de fuego”.

Se trata de quienes efectuaron los disparos que provocaron que el Fiat 147 conducido por el joven trabajador de la construcción oriundo de Misiones, Aníbal Suárez, se estrellara contra un acoplado estacionado, provocando su muerte y la de Camila López, Danilo Sansone y Gonzalo Domínguez, y heridas irreparables a la única sobreviviente Rocío Quagliarello.

Aunque los familiares reclamaban perpetua para los cuatro acusados, a Manuel Monreal y Mariano Ibáñez, choferes de los patrulleros que efectuaron la persecución, el jurado los declaró culpables de “tentativa de homicidio agravado por el abuso de la función policial y mediante el empleo de arma de fuego”. Los cuatro, en cambio, fueron hallados culpables de “tentativa de homicidio agravado por su condición de policías” en el caso de Rocío. Las penas serán fijadas por la jueza Carolina Crispiani el próximo 2 de junio. A Ecilapé y García les corresponde, según el veredicto del jurado, perpetua, pero a Monreal e Ibañez les corresponde una pena de entre 8 y 25 años, que deberá establecer Crispiani.

Múltiples testimonios, entre ellos el de Rocío, derribaron a lo largo del debate los argumentos de la defensa a cargo del “abogado del gatillo fácil” Guillermo Baqué, quien pretendió demostrar durante el juicio que Aníbal conducía borracho, evadió un control policial y que la policía solamente pretendió identificar a los pasajeros del 147, disparando a las cubiertas y no a la cabina del vehículo cuando este se había “dado a la fuga”.

Aunque estaba presente en la sala, la declaración de Rocío ante Cámara Gesell fue proyectada mediante video en tanto, según la psicóloga que la asiste, la joven no se hallaba en condiciones de declarar. La única sobreviviente de la masacre declaró que “íbamos paseando y de la nada nos empezaron a correr (…) Gonzalo se agarra la rodilla y grita ‘me arde, me arde’. Estábamos asustadas por los tiros y con Camila nos agachamos en el auto”. Luego sus recuerdos se interrumpen hasta el día en que despertó en el hospital.

Por su parte, la Bioquímica Jorgelina Garrote, quien analizó originalmente las muestras de orina y sangre de las víctimas, señaló que las muestras llegaron sin los conservantes “que se usan para evitar el desarrollo microbiano. Las bacterias pueden fermentar la glucosa y producir alcohol. Es difícil concluir si la muestra extraída de un cuerpo en putrefacción da positivo por las bacterias o por el consumo de alcohol”. Por tal motivo, según la perito, los índices de alcoholemia atribuidos a Aníbal (3 gramos) no podían ser tenidos en cuenta como prueba. Por último, el perito balístico Lucas Basanta, afirmó que los disparos fueron efectuados contra la cabina del automóvil y no contra las cubiertas, derribando de este modo definitivamente la tesis de Baqué.

“Queda una chica ahí que está pidiendo pista, calculo”…

A todas las manifestaciones y testimonios del horror que se vertieron durante el juicio hay que agregar la difusión de audios que prueban que el plan de encubrimiento se puso en práctica desde el minuto cero. En un mensaje de audio de Whatsapp, el exsubcomisario Franco Micucci afirma “Si estos hijos de puta hubieran parado, no se hubieran matado. La culpa no la tuvimos nosotros. Extraoficialmente, me dijeron cuatro fallecidos. Queda una chica ahí que está pidiendo pista, calculo. Van a hacer miles de anécdotas, miles de versiones de las cosas que pasaron”.

Micucci, como el exjefe de la Departamental Monte de la Bonaerense Mario Mistretta, y otros 19 policías, se encuentran a la espera del juicio en el que se los acusa de “encubrimiento agravado”. En ese debate no podrá juzgarse la conducta del expolicía y exsecretario de Seguridad de Monte, Claudio Martínez, pieza clave en el armado del plan de encubrimiento garantizado por la exintendenta massista y actual presidenta del Inti, Sandra Mayol: Martínez, que sabía todo, murió a finales de 2021 en boca de un rotweiller, luego de que se le concediera libertad vigilada a causa de su edad, en el marco de la pandemia de Covid-19.

Pero Mayol tampoco será de la partida. Denunciada por la Comisión Provincial por la Memoria por el delito menor de “violación de los deberes de funcionario público” en septiembre de 2019, luego de una audiencia organizada en la Cámara de Diputados de la Nación por la diputada por el PO en el FIT-U, Romina Del Plá, en la que salieron a la luz sus responsabilidades, se le abrió una tercera causa cuyo archivo fue pedido a fin del año pasado por el fiscal Eduardo Silva Pelosi, pedido apelado en febrero por la CPM. Según varios abogados expertos en casos de gatillo fácil, Mayol debió ser denunciada por encubrimiento, e incluida en el próximo debate.

En cualquier caso, los testimonios de los familiares directos de los chicos, así como el del abogado Ismael Jalil, testigo clave en el juicio por encubrimiento en tanto fue el primero en llegar a la sala de videos del municipio desde donde se pretendió negar la existencia de disparos, dan cuenta de la participación de Mayol en la maniobra.

Los familiares esperan, según consta a este cronista, que la dirigente allegada a Sergio Massa pueda ser finalmente sentada en el banquillo de los acusados, para que además de los ejecutores sean también juzgados los responsables políticos del crimen y de su encubrimiento.