Sergio Massa, devenido en superministro, acaba de nombrar como subsecretaria de Asuntos Institucionales a Sandra Mayol, de su propio riñón político, que en su paso por la intendencia de San Miguel del Monte colaboró en encubrir el crimen de cuatro jóvenes a manos de la policía en 2019.

Recordemos que en aquel episodio, conocido como la Masacre de Monte, cinco jóvenes que estaban en un auto, escapando de la policía que los perseguía descargando una balacera sobre ellos, chocaron contra un camión y cuatro de ellos perdieron la vida. El accionar policial se debió presuntamente a que las víctimas habían sido testigos de una escena que involucraba a los uniformados con la venta de drogas.

Sandra Mayol, como intendenta del municipio en aquel momento, respaldó sin miramientos la versión policial del supuesto “accidente” asegurando que los oficiales no habían disparado en aquella oportunidad, lo cual fue desmentido luego de las autopsias que corroboraron heridas de bala. Así las cosas, la funcionaria jugó un rol activo en el operativo de encubrimiento y cuenta con una causa judicial en su contra por “espionaje ilegal” hacia los familiares, amigos y vecinos de las víctimas.

Lo ocurrido es la muestra palmaria del entrelazamiento que existe entre el negocio de la droga, la policía y el poder político; y de cómo este último garantiza la impunidad de las fuerzas represivas y perpetúa el gatillo fácil para regimentar a la juventud y a la población trabajadora en general. A tal punto, que sin reparar en su acusación, el gobierno nacional, también a instancias de Massa,  había designado a Mayol al frente de Trenes Argentinos en 2020, y, ahora, pasará a ocupar un nuevo cargo en el Estado tras la reconfiguración del gabinete.

Un verdadero agravio para los familiares de los pibes de Monte. Sandra Mayol debería estar en la cárcel como responsable política de aquel crimen brutal.

 

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