La lectura de las sentencias en la megacausa “La Perla-Campo La Ribera- D2” provocó una verdadera conmoción en la provincia. Algunas estimaciones hablan de más de 20.000 personas movilizadas hacia los tribunales federales a lo largo de la jornada. En varias escuelas se levantaron las clases para que los alumnos concurrieran. En la legislatura provincial, el bloque oficialista propuso declarar el 25 de agosto “Día Provincial de Lucha contra la Impunidad”, proyecto que seguramente se tratará en las próximas sesiones.

Este no fue primer juicio que se desarrolló en Córdoba, ni tampoco el primero en que se condenó a prisión perpetua a Luciano Benjamín Menéndez, cabecilla del genocidio en la provincia. Sí fue el primero, en cambio, que juzgó los crímenes cometidos en los principales campos de concentración de Córdoba -La Perla y Campo de la Ribera y la D2, el departamento de inteligencia de la policía local, que torturaba y secuestraba en el Cabildo, a la vuelta de la Plaza San Martín y de la Catedral.

También fueron fueron juzgados los crímenes cometidos por el Comando Libertadores de América, antecesor de la Triple A. La policía provincial comenzó su cacería después del Navarrazo, en febrero del 74, con el aval del propio Perón.

El enseñamiento contra el pueblo cordobés (“el foco infecto”, según Perón) explica, en parte, que este juicio haya movilizado de tal modo a los cordobeses y que el día de la sentencia haya concentrado tanto atención y fervor.

La reacción y la intervención popular en la jornada del 25 de agosto es el dato político relevante, porque constituye un golpe a los intentos del gobierno de Macri de imponer un punto final.

 

La sentencia

 

Fueron juzgados los casos de 700 compañeros y compañeras. De los 37 represores condenados -muchos de ellos acumulan condenas anteriores-, 17 gozan de prisión domiciliaria, que la fiscalía no pidió que se anulen, “sino que se evalúen" (La Nación, 26/8). Cinco de los genocidas fueron absueltos.

El tribunal rechazó el pedido de la fiscalía de agregar nuevas acusaciones a los imputados surgidas de los testimonios y las derivó a juicios futuros, al igual que otras víctimas identificadas por los testigos. De esta manera, se prolonga indefinidamente la acción judicial, 40 años después de los hechos. Buena parte de los imputados murieron o están decrépitos.

 

Memoria, verdad, justicia

 

La condena contra un puñado de policías y militares que ejecutaron el genocidio fue vivida como una gesta, tras cuatro décadas de movilización popular por la memoria, la verdad y la justicia, reclamadas cada 24 de marzo con multitudinarias movilizaciones en todo el país.

Sin embargo, los capitalistas, sus políticos, los jueces y la Iglesia, que cimentaron política y económicamente el genocidio, permanecen impunes. Para los luchadores queda planteado remover las causas de fondo que condujeron a la matanza iniciada por el gobierno constitucional de Perón-Perón y llevada a su máxima expresión por la dictadura militar; y que perduran en todos los crímenes de Estado cometidos en “democracia” –desde el “gatillo fácil” hasta las masacres del 19 y 20 de diciembre del 2001 y de Puente Pueyrredón; de la desaparición de Julio López al crimen de Mariano Ferreyra.

Como balance final, sin dudas, la pretensión de Macri de reponer a las fuerzas armadas como pivote de la represión interna –inseparable de la impunidad del genocidio- ha recibido, con la movilización cordobesa, un fuerte revés.