La conferencia de prensa realizada por el Encuentro Memoria Verdad y Justicia esta mañana para repudiar la represión del pasado lunes 18 fue una exposición contundente del estado de excepción que han montado Macri y los gobernadores contra la protesta popular: una sucesión de represiones contra manifestaciones populares; cacerías policiales con gases, atropellos y disparos a la altura de la cara a manifestantes y transeúntes; centenares de detenidos durante y después de las marchas, con imputaciones graves como forma de amedrentamiento; asedio mediático y gubernamental y órdenes de captura contra activistas; requisas policiales en el transporte público; amenazas contra organizaciones de derechos humanos.

 

Tal es el cuadro denunciado en el documento central y en las intervenciones de los asistentes, entre los cuales se encontraban Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora) y Adolfo Pérez Esquivel; referentes de organizaciones políticas, sociales y de Derechos Humanos –entre ellos legisladores y diputados del Frente de Izquierda–; la mujer de Leonardo Chávez, militante de Libres del Sur desaparecido desde la represión del día 13; y Roberto Álvarez, “El Barba”, militante del Partido Obrero que perdió un ojo por un ataque policial el 18 .

En su intervención, Diana Kordon, de Liberpueblo, se refirió a Álvarez y a otros dos compañeros que perdieron un ojo –Horacio Ramos y Daniel Nievas–, a otros dos con riesgo de perderlo, y a la “enorme cantidad de heridos que pudimos ver en varios hospitales”, con traumatismos múltiples y fracturas, en cuyas lesiones se pudo ver que los perdigones policiales “iban al cuerpo y en particular a la parte superior del tórax y a la cara”.

En el documento central se denunció esta escalada represiva por parte de Macri y los gobernadores, que suma a los inmensos operativos del 14 y el 18 para hacer pasar la reaccionaria reforma previsional, los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, la embestida policial y detenciones a quienes marcharon contra la reunión de la OMC, así como las represiones de esta semana en Jujuy (contra trabajadores del Ingenio La Esperanza), en Formosa, en Río Negro y en Luján.

El documento señaló que “detrás de la intensa campaña para intentar hacer aparecer como violentos a quienes enfrentaron la represión policial, se pretenden esconder el robo a millones de jubilados y de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, cumpliendo las órdenes del FMI y el capital internacional” y dio su “explícito respaldo a Sebastián Romero”, contra quien se libra una campaña de difamación y se ha dado orden de captura.

Finalmente, se exigió en el documento: “Basta de represión y persecución. Fuera Patricia Bullrich” y llamó a “pronunciarse en defensa de estos reclamos para evitar que este gobierno siga convirtiendo el país en un territorio ocupado por fuerzas represivas, para hacer pasar el ajuste del FMI y los monopolios internacionales”.

El texto leído por la abogada Claudia Ferrero, de Apel, detalló el cuadro de apremios policíaco-judiciales, en el que se enmarcan 254 detenidos en la última semana, la interrogación a los mismos en las declaraciones indagatorias de a qué organización o partido pertenecen, la obstaculización a los abogados defensores, y la orden de captura contra toda la directiva del sindicato que actúa en el Ingenio La Esperanza. A ello se suma el agravamiento de las figuras legales utilizadas contra los detenidos, como los de “sedición” y “rebelión”, entre otros.

En su intervención, Nora Cortiñas señaló que “fuimos atacados con una violencia inusitada” y marcó que –al igual que en la masacre acometida el 19 y 20 de diciembre de 2001–, ninguno de los autores y responsables de violencia institucional “va preso, ni ayer ni hoy”. A su turno, repudió la persecución del gobierno de Macri contra la jueza Vergara, quien dictaminó que los policías no podían llevar armas de fuego. De conjunto, Cortiñas enfatizó en que estamos “ante un ataque brutal contra el pueblo” y denunció que los gobernadores que aceptaron la reforma previsional lo hicieron “para engordar su bolsillo, no les interesa el pueblo”.

A la salida de la conferencia, acompañado por compañeros heridos en la represión del 18, el dirigente del Partido Obrero Marcelo Ramal sostuvo que “ellos, como numerosos sindicatos, organizaciones estudiantiles, defendieron en la plaza el derecho a manifestar, a luchar, a rechazar esta ley jubilatoria confiscatoria”, como parte de una gran jornada de lucha con 200.000 trabajadores. Y aseveró que “defendemos el derecho de ellos a tener un lugar en la plaza y a defenderlo como lo han hecho. Por eso estamos con ellos y reclamamos el fin de la persecución a todos los luchadores y el juicio y castigo a los responsables de la brutal represión”.